El Gobierno retoma la reforma que limitará la duración de las concesiones en la costa

El Gobierno central ha retomado de nuevo el Reglamento de Costas que, entre otros efectos, limitará la duración de las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la primera línea de mar en la que se asientan industrias, pero también viviendas, lonjas, depuradoras o centros de salud. El Ministerio para la Transición Ecológica ya intentó sacar adelante al principio de esta década esta controvertida reforma, pero el Tribunal Supremo la anuló en enero de 2024 al no cumplir con el trámite de participación pública. Como sucedió entonces, la Xunta rechaza también ahora de plano las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerar que se hace por la puerta de atrás y con el claro objetivo de restringir los usos y las actividades en la costa.

Dos años después del revés judicial, el Ejecutivo lo intenta de nuevo al abrir formalmente el proceso de consulta pública para conocer la opinión de los eventuales interesados. No hay todavía un texto oficial redactado, pero en su explicación de motivos, el Ministerio para la Transición Ecológica aclara que se pretende frenar un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea por, entre otras causas, permitir que las prórrogas de las concesiones se alarguen hasta los 75 años. En el anterior reglamento, anulado por sentencia, se establecía precisamente que la duración máxima de las concesiones era de 75 años contando desde el momento inicial de la aprobación y sumando todas las posteriores renovaciones.

“La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras. Además, la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta setenta y cinco años sin justificación es contraria a las normas de la UE”, este era el comunicado, en su día, de la Comisión Europea cuando anunció el procedimiento de infracción, lo que a su vez motivó al Gobierno a mover ficha para fijar una duración máxima de las concesiones -fuera de los puertos- de 75 años en la anterior reforma, la que resultó anulada.

Ahora, el Gobierno lo intenta de nuevo. Se dispone a modificar el Reglamento General de Costas “para corregir aquellos aspectos de la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre” que la Comisión Europea consideraba no conformes con el artículo 12 de la Directiva de Servicios.

“Se hace imprescindible esta modificación para evitar que el procedimiento de infracción escale a una condena para el Reino de España”, argumenta el Ministerio para la Transición Ecológico.

En su momento, esta limitación de la duración de las concesiones generó una fuerte reacción de oposición de la Xunta, al sostener que alteraba la fórmula de cómputo de las concesiones y sus prórrogas, por lo que dejaba en absoluta inseguridad jurídica a los propietarios de títulos de ocupación en el DPMT.

4.000 edificaciones en riesgo

 A criterio de la Xunta, eso ponía en peligro en Galicia a cerca de 4.000 edificaciones, entre ellas 232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de mariscos y otras tantas gasolineras, 11 mercados municipales y 10 centros de salud que se encuentran en primera línea de mar, dado que se les ponía fecha límite para proseguir con la actividad. También quedaría muy dudosa la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra.

Como pasó entonces, el Gobierno gallego ha vuelto a poner el grito en el cielo. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se desplazó este jueves a Marín, donde está Ence, para denunciar el nuevo intento de Madrid de reformar el Reglamento de Costas, por considerar que se hace por la puerta de atrás y con una clara intencionalidad de restringir los usos en el litoral.

Asegura que se hace por la vía de la urgencia, sin avisar a las comunidades autónomas y que solo se da un plazo de quince días para presentar alegaciones. Recuerda también la conselleira que “los precedentes no son alentadores”, pues en el pasado, “sin base legal”, se pretendió “limitar la propiedad privada y la actividad económica e industrial en el litoral, acortar el tiempo de las concesiones (reduciendo los plazos de las prórrogas para que no pudieran superar los 30 años) y adoptar medidas para eliminar cualquier vestigio de presencia humana en la costa”.

Ante las sospechas de “otro intento de obstaculizar toda la actividad económica en el litoral”, Ángeles Vázquez apela a la cadena mar-industria, a los ayuntamientos y a las entidades afectadas a hacer un frente común en la presentación de alegaciones por parte de la Xunta.

En este sentido, las consellerías de Medio Ambiente y Cambio Climático y do Mar mantendrán ya el próximo lunes un encuentro con representantes del sector del mar, de las cofradías de pescadores, de los municipios y de otras entidades para exponerles la situación y buscar su apoyo.

La Xunta ejerce desde el pasado 1 de julio las competencias para gestionar el litoral y desde entonces ya ha gestionado 920 expedientes. Y aunque de su tramitación y aprobación, o denegación, se encarga la Administración autonómica, las normas las pone el Estado.

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