La comunidad dará un régimen especial a los concellos en reto demográfico
La futura Lei de Administración Local prevé una financiación ajustada a la dispersión territorial y al envejecimiento de la población
Con el objetivo de que el anteproyecto de la Lei de Administración Local llegue al Parlamento antes del verano, ayer la Xunta acordó iniciar el trámite de audiencia e información pública del documento, que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, definió como «innovador, necesario, vanguardista y complejo» y que renueva una norma datada de 1997.
Uno de los ejes más destacados de la reforma es la creación de un régimen especial para los municipios afectados por el reto demográfico —aquellas dificultades derivadas del envejecimiento, la dispersión, la baja natalidad o la falta de población activa, por ejemplo—. Según explicó el conselleiro, el documento terminará con la diferenciación de «municipios de primera, segunda y tercera categoría» y, «ante la inacción del Gobierno central», reforzará la capacidad de estos concellos a través de medidas de apoyo y colaboración tanto económicas como de carácter administrativo.
En esta línea, en lo que a la financiación local se refiere, se configurará un nuevo sistema dentro de las competencias autonómicas que integrará, entre otras cuestiones, aspectos como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población, que precisamente la Xunta reclama que se tenga en cuenta en el futuro modelo de financiación autonómica. Además, uno de los objetivos del texto es profundizar en la «claridad competencial» y modernizar el funcionamiento de las administraciones locales en general, entre otras cuestiones.
También ayer se reunió la Ejecutiva del PSdeG en la que, precisamente, el foco estuvo puesto en los municipios, que la Xunta del PP «asfixia» y «discrimina» deliberadamente, según denunció el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. Al hilo, explicó que su partido pedirá que en la futura ley se incluya, como mínimo, una revisión global de las competencias «impropias» asumidas por los concellos, un «refuerzo real» del Fondo de Cooperación Local, un plan estratégico de subvenciones con criterios objetivos de reparto y que la Xunta asuma de forma íntegra el coste real del Servizo de Axuda no Fogar.
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