Petición de 80 millones en multas por construir ‘narcolanchas’

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá mañana el inicio de la vista contra once acusados como presuntos integrantes de una organización dedicada a la construcción y venta de ‘narcolanchas’ desde Vigo y desde el norte de Portugal, y que se enfrentan a penas que suman 59 años y medio de prisión.

El juicio contra esta red, desmantelada en la conocida como operación Endurance de la Guardia Civil, estaba señalado para comienzos de noviembre pasado, pero el primer día se suspendió debido al cambio de abogado defensor de uno de los procesados.

La Fiscalía considera probada la existencia de una infraestructura «empresarial, personal y material» que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico.

Para llevar a cabo estas acciones, la organización contaba con una nave en Cotogrande (Vigo) y varias naves en el norte de Portugal. Algunos de los miembros del grupo se dedicaban a coordinar los encargos y financiar la construcción, otros hacían labores de contabilidad, otros facilitaban naves de almacenamiento, otros construían las embarcaciones y otros facilitaban su transporte.

En total, el ministerio público acusa a 11 personas y a una empresa de transportes de O Porriño (Pontevedra), a quienes atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.

En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 ‘narcolanchas’ algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la península.

La Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas.