Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El protocolo de seguridad para el personal del Servicio de Axuda no Fogar requiere «cambios normativos»

La Fegamp, junto a sindicatos y el ISSGA, trabajan en el segundo borrador

Incluye una evaluación de riesgos laborales en las viviendas donde se presta el servicio y un informe social antes de comenzar

El Colegio Profesional de Traballo Social de Galicia subraya la necesidad de que la legislación lo respalde

Un momento de la reunión celebrada en la Fegamp por el protocolo del SAF.

Un momento de la reunión celebrada en la Fegamp por el protocolo del SAF. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) acogió la tercera reunión de la mesa de trabajo que prepara un protocolo de seguridad para el personal del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) presentó una nueva versión revisada del documento, incorporando aportaciones recogidas en los encuentros anteriores.

En la cita participaron la Inspección de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social, la Delegación del Gobierno, asociaciones empresariales (AGESAF y ASADE), sindicatos (CCOO, CIG, CSIF y UGT) y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Galicia. Por parte de la Fegamp, la delegación estuvo encabezada por su presidente, Alberto Varela, acompañado por los vicepresidentes Ángel Moldes y Secundino García, y por la vicepresidenta ejecutiva María Barral. El debate avanzó sobre los objetivos del protocolo; sobre las obligaciones y funciones ligadas a la prevención de riesgos laborales en la prestación del SAF; y sobre los factores de riesgo asociados a la actividad. Tras cerca de cuatro horas, los trabajos cerraron con un bloque sobre los efectos de la violencia en la salud y las medidas preventivas necesarias.

Al término, Varela defendió que, «pese a la complejidad del asunto y a la realidad del SAF, en esta mesa estamos trabajando de forma constructiva y plural», y remarcó el compromiso de las partes para alcanzar consensos y «reclamar los cambios normativos que permitan al protocolo ser útil en sus funciones».

Ese encaje legal es, precisamente, la principal línea roja. Según trasladó David Gontán, coordinador del Colegio, el nuevo borrador introduce por primera vez la obligatoriedad de realizar un informe social (hasta hace un año el informe social era obrigatorio, pero en la Ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado pasó a no ser preceptivo) y una valoración previa de riesgos laborales de la vivienda —al considerarse un centro de trabajo— antes de comenzar a prestar el servicio. «Tiene que haber un necesario cambio normativo», subraya, porque hoy esa evaluación no es preceptiva y, sin reforma, la exigencia quedaría sin respaldo, con una aplicación incierta y responsabilidades poco definidas. La intención es no iniciar el SAF «a ciegas» cuando el domicilio presente riesgos evidentes.

Gontán valora que se ha movido la negociación: «Avanzamos algo, porque estamos de acuerdo en que hay que darle una solución». También cuestiona el circuito de quejas y medidas internas: muchas incidencias «tienen que ir dirigidas desde las auxiliares a la jefa de servicio, que es trabajadora social y que tendrá que decidir si se suspende el servicio», dudando de que sea ese cargo quien deba asumir esta decisión (que en su visión, corresponde a la Xunta) en un contexto de alta presión asistencial. El objetivo declarado: reducir agresiones y riesgos en un servicio esencial y altamente feminizado.

El debate salta al Parlamento

El debate sobre la seguridad del SAF se coló además en el Parlamento gallego. Minutos antes de que la Fegamp difundiera su comunicado, el conselleiro de Emprego, José González, fue interpelado por la diputada del BNG Olalla Rodil, que reprochó que «tuvo que morir una mujer» para que la Xunta activase medidas de prevención y protección.

El conselleiro replicó que el Bloque buscaba «hacer ruido», defendió el trabajo técnico del ISSGA y dijo esperar que, del consenso entre las partes, el protocolo pueda estar en marcha «cuanto antes». Añadió que su efectividad exige el compromiso de los prestadores del servicio —ayuntamientos y entidades o empresas adjudicatarias—, avanzó campañas de sensibilización y asesoramiento técnico del ISSGA, y recordó el refuerzo de la financiación autonómica de un servicio municipal, con una subida progresiva del 50% hasta 2028.

La mesa emplazó a las partes a una nueva reunión dentro de dos semanas, en la primera quincena de febrero, para seguir puliendo el texto y acercar un consenso final.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents