La Xunta creará un plan de control específico sobre importaciones ante la «incertidumbre» del acuerdo de Mercosur
El objetivo es vigilar aspectos como el etiquetaje, la trazabilidad, las condiciones sanitarias o la presencia de sustancias no permitidas
El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes en San Caetano. / Xoan Álvarez / FDV
Añádenos en GoogleAnte la «incertidumbre» que está generando el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que ahora analizará el Tribunal de Justicia Europeo, la Xunta ha optado por poner en marcha una serie de medidas orientadas a dar seguridad y estabilidad al sector agrícola gallego. Según explicó este lunes el presidente autonómico, Alfonso Rueda, la decisión del Parlamento Europeo de solicitar el dictamen del TJUE podría implicar que el acuerdo se apruebe sin las medidas de salvaguarda previstas, ante lo que Galicia continúa insistiendo en la necesidad de que «todos los productos agroalimentarios que entren» en la comunidad cumplan «con los mismos requisitos» que los locales.
Para asegurar que así sea, continuó, entre otras medidas, el Consello acordó la creación de un plan de control específico para Galicia sobre los productos importados, complementario al control de fronteras que hace el Gobierno central. El objetivo, indicó Rueda, es vigilar «la presencia de sustancias no permitidas, las condiciones sanitarias de los productos o su correcto etiquetaje y trazabilidad».
Del mismo modo, la Xunta ya está ultimando el decreto que regulará el Observatorio de Precios para los productos agroalimentarios; y llevará a cabo una estrategia para promocionar los productos gallegos, partiendo de la base de que, si bien puede suponer una amenaza, el acuerdo con Mercosur también abre una serie de oportunidades para la exportación.
En esta línea, pedirá al Gobierno central que negocie con la Unión la incorporación en el acuerdo de más indicativos de calidad gallegos, dado que actualmente solo hay dos, las denominaciones de origen Ribeiro y Rías Baixas.
En cuanto a la Política Agraria Común, el ejecutivo autonómico reclamará a la UE que incremente la dotación económica para paliar los posibles efectos que el acuerdo pueda tener sobre el sector primario gallego, y promoverá la creación de un frente común con otras comunidades y diferentes agentes del sector para conseguir una PAC con más fondos, menos burocracia y menos requisitos.
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