La Xunta amplía su objetivo: tener 10.000 viviendas de promoción pública para 2030

Tras las elecciones autonómicas de 2024, uno de los grandes compromisos que adquirió el ejecutivo de Alfonso Rueda fue duplicar el parque público de vivienda hasta el final de la legislatura: esto es, pasar de las 4.000 que había en aquel entonces a 8.000. La mayoría de ellas, tal y como celebraba el presidente gallego a finales del año pasado, ya estarán en marcha en 2026, y ahora la Xunta ha ampliado esa meta. Con la aprobación este lunes en el Consello de Gobierno del II Pacto de Vivenda, el gobierno gallego se ha propuesto alcanzar, para el año 2030, la cifra de 10.000 viviendas de promoción pública.

Para alcanzar este objetivo, la inversión prevista roza los 2.000 millones de euros. De ellos, el 82% serán de fondos propios de la Xunta, sumados a otros 241 millones de fondos estatales y otros 100 de fondos europeos. A mayores, a través de la colaboración público-privada, la previsión es movilizar a otros 5.000 millones de euros, y promover la creación o mantenimiento de, como mínimo, 60.000 puestos de trabajo mientras dure la ejecución de estas viviendas.

Según explicó la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en la rueda de prensa posterior al Consello, el documento ha sido aprobado de forma unánime por todos los representantes del Observatorio de Vivenda de Galicia, lo que «quiere decir que cuenta con el aval de los máximos expertos en esta materia que tenemos en la comunidad». El pacto, continuó, está organizado en cuatro líneas estratégicas «con un impacto económico sobresaliente».

La primera gira alrededor del acceso a la vivienda, tanto a través de la creación de vivienda pública, protegida y libre, como de la dinamización del parque ya existente. Para ello, indicó, la Xunta continuará construyendo nuevas viviendas de promoción pública que ya tendrán calificación permanente; comprando viviendas de promoción pública a particulares que las tienen en venta para, una vez adquiridas, volverlas a calificar con dicha protección; o comprando locales para transformarlos en viviendas de promoción pública. Del mismo modo, continuará impulsando nuevas soluciones habitacionales, como los alojamientos compartidos para los jóvenes que ya están en marcha tanto en Santiago como en Lugo y Vigo; y promoviendo el interés de promotores y cooperativistas con facilidades normativas, incentivos fiscales y ayudas directas.

En este bloque también se continuarán implementando otras medidas para eliminar las barreras económicas a la hora de acceder a una vivienda, como las ayudas para la compra de inmuebles en concellos pequeños o a menores de 36 años.

El segundo eje del pacto es la rehabilitación, un aspecto al que el ejecutivo autonómico no es ajeno con medidas como el Plan Rexurbe, el Consorcio con el Casco Viejo de Vigo o las ayudas a concellos para que rehabiliten inmuebles de titularidad municipal. En este aspecto, destaca especialmente la rehabilitación por parte de particulares, para los que también se convocarán ayudas a lo largo de este año en materia de eficiencia energética, mantenimiento o accesibilidad.

El desarrollo del suelo residencial es el tercer bloque en el que el Ejecutivo autonómico fundamenta su hoja de ruta, que ya tiene en marcha a través de los Proyectos de Interés Autonómico, que permitirán urbanizar más de tres millones de metros cuadrados para la construcción de 25.000 nuevas viviendas, 20.000 de ellas protegidas. Del mismo se dará salida al suelo de titularidad municipal, a través de convenios con los concellos.

El último eje, que Allegue definió como «muy importante» y de «carácter transversal», consiste en seguir «impulsando las modificaciones normativas para simplificar y desburocratizar» el sector y fomentar la construcción industrializada en el marco del convenio que la Xunta tiene con el Clúster de la Construcción.

Finalmente, el documento recoge un anexo específico para la juventud con medidas ya conocidas como la reserva parte de todas las viviendas de promoción pública para alquiler o venta a menores de 36 años o el aval jóven que cubre el 20% de la hipoteca. A través de todas estas actuaciones, la Xunta estima que, como mínimo, se generarán o mantendrán 60.000 puestos de trabajo en Galicia durante el periodo de ejecución.