Los posibles casos de acoso escolar notificados al Gobierno desde Galicia suman 558 en un lustro

Hasta en 75 ocasiones se vio obligada a intervenir la Fiscalía por la gravedad de las situaciones de acoso que se produjeron en entornos educativos en 2024 solo en Galicia. Pero no todos los episodios de hostigamiento llegan a esa jurisdicción. En la Fundación ANAR, adjudicataria de la gestión del Servicio de Atención Telefónica del Gobierno central ante los casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes, recibieron durante el curso 2023-24 medio millar de peticiones de ayuda desde la comunidad que se traducirían en 121 posibles casos de acoso, a los que habría que sumar otros 26 notificados a través de 42 comunicaciones de chat o correo electrónico.

Si se tiene en cuenta el registro del funcionamiento de la línea de ayuda durante el último lustro examinado, desde 2019-20 hasta el 2023-24, los posibles casos de acoso notificados llegan a un total de 558, aunque la estadística más reciente rompen por primera vez una tendencia creciente al ascenso que se mantenía en los años previos.

Una conducta sistemática

Así, con respecto a 2022-23, suponen un 7,5 por ciento menos de casos, con 147 frente a 159. Igualmente retrocedieran, pero en mucha mayor medida, las llamadas, que pasaron de las 903 a las 500. Es decir, descienden las comunicaciones, pero informan de más maltratos, entre los que el Ministerio de Educación incluye «situaciones, acciones y conductas en los que uno o más estudiantes insultan, difaman, amenazan, chantajean, difunden rumores, pegan, roban, rompen cosas, ignoran o aíslan de manera intencionada». Se trataría, además, de comportamientos que se repiten de forma «sistemática y prolongada en el tiempo».

Si, en lugar de con el curso precedente, la comparación se realiza con el último año prepandemia, 2019-2020 —cuando a partir de marzo el alumnado asistió a clase desde sus domicilios por la irrupción del covid—, no habría descenso, sino un incremento de un 126 por ciento. Incluso con respecto el año académico siguiente, 2020-2021, cuando se retomó la enseñanza presencial con restricciones de distancia, suponen un 73 por ciento más de denuncias.

Llamadas que exigen intervenir

El Ministerio de Educación distingue entre las llamadas las denominadas «de orientación especial» (ORES). En estas, explica, los contactos requieren de una valoración y orientación psicológica o de una valoración y asesoramiento de tipo jurídico o social. Además, añaden, la «mayoría» de las veces, estas orientaciones suponen la derivación a un recurso externo, desde fuerzas y cuerpos de seguridad a servicios sociales, por ejemplo. En alguna situación la «gravedad» puede exigir una intervención, que implica que alguien del equipo el se pone en contacto con esos recursos externos. En Galicia las ORES fueron 154, casi una de cada tres llamadas atendidas. En 17 ocasiones fue necesario una intervención del departamento social y en 29, del departamento jurídico.

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