Galicia ha visto caducar cerca de 1.300 aprovechamientos de agua pública entre 2020 y 2025

El permiso para utilizar unos 23.400 metros cúbicos de agua procedente de cuatro manantiales por parte de una pequeña comunidad de usuarios de una parroquia de Padrón, para uso doméstico, se extinguió el pasado 5 de noviembre. Es la cantidad suficiente para abastecer a 180 personas durante un año o llenar 2.300 camiones cisterna. En esa misma fecha, caducaba el expediente registrado a nombre de un párroco fallecido en 2007 en la zona del Deza. La primera concesión podrá renovarse, si lo solicitan a la Xunta y está disponible, mientras que la última quedará previsiblemente «vacante». Estos son solo dos de miles de ejemplos que van expirando en el último lustro.

Galicia ha visto caducar cerca de 1.300 aprovechamientos de agua pública en el último lustro —de 2020 a 2025—, la mayoría vinculados a manantiales subterráneos (pozos y captaciones) para uso doméstico pero sobre todo para riego, según los datos facilitados por Augas de Galicia. Los casos, publicados a cuentagotas en el DOG con listados de decenas de afectados, se producen porque la mayoría de las concesiones se extienden por dos décadas. Se trata de permisos que habilitan a particulares o comunidades a captar agua del dominio público hidráulico. Y, una vez extinguidos, esos recursos pueden volver a solicitarse si existe demanda.

Pues bien, la mayor parte de las concesiones caducadas se concentran en la provincia de Pontevedra, con algo más de 830 expedientes, siguiendo los datos proporcionados por Aguas de Galicia. En A Coruña expiraron alrededor de 360, mientras que en Lugo superan los 60 casos. Son cifras correspondientes al ámbito competencial de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, gestionada por la administración autonómica.

Cuando vence el plazo de una concesión, Augas de Galicia inicia de oficio un expediente de extinción, regulado en el artículo 164 del Reglamento estatal del Dominio Público Hidráulico. El procedimiento arranca con una notificación a los titulares y un periodo de información pública y termina con una resolución que declara extinguida —o no— la concesión. Contra ese acuerdo cabe recurso administrativo.

La extinción implica que el agua vuelve a quedar disponible para nuevas solicitudes, salvo en un supuesto: si la concesión caducada estaba destinada a riego o abastecimiento, el titular puede pedir una novación, es decir, una nueva concesión para mantener el mismo uso. Esa solicitud puede presentarse durante el trámite de audiencia del propio expediente de extinción o en los últimos 5 años de vigencia del permiso original. Para el resto de usos, la extinción se aplica sin continuidad y el recurso queda liberado para que otros particulares o entidades lo pidan.

Registro consultable

Ahora, la Consellería de Medio Ambiente prepara un registro público consultable. La administración autonómica admite que no dispone de información detallada sobre el destino posterior de cada concesión ya caducada, porque requeriría revisar caso a caso. Pero sí avanza una novedad de alcance: Augas de Galicia está regularizando su registro de aprovechamientos con el objetivo de abrir un espacio público de consulta, donde cualquier ciudadano pueda comprobar qué captaciones están inscritas, con qué características y hasta cuándo. El técnico de una empresa de Pontevedra especializada en potabilizar aguas naturales de pozos y manantiales, (Tecnatur), Manuel Vicente, valora la importancia de este registro para las más de 3.000 comunidades de aguas, a las que a veces se les complican los trámites administrativos de la concesión, plazos y otras cuestiones. El nuevo registro permitiría saber, por ejemplo, si un manantial tiene concesión vigente, si ha expirado o si ya está disponible para un nuevo aprovechamiento.

Y ese volumen de concesiones ilustra el peso del agua subterránea y de manantiales en Galicia, donde existen más de 300.000 surgencias naturales, 314 captaciones de agua mineral y miles de pozos particulares. Durante décadas, este recurso renovable alimentó a ciudades antes del impulso institucional a las aguas superficiales —embalses—. El contexto climático, con sequías más frecuentes y prolongadas, ha llevado a la Xunta a mirar al subsuelo, convencida de que el agua subterránea es «un recurso muy abundante, renovable y viable».

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