La demanda de vivienda pública bate récords tras crecer un 26% en un año

La carestía de la vivienda está disparando la demanda de inmuebles protegidos. El número de gallegos que están a la espera de poder alquilar o comprar un piso público se ha incrementado en el último año un 26 por ciento y bate récords. Esto significa que cada día once personas solicitan el acceso a un hogar a precios asequibles. En total, suman ya 22.680 los ciudadanos inscritos en el registro de demandantes de la Consellería de Vivenda.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido la «urgencia» de la crisis habitacional. Uno de los factores que más está dificultando el acceso a un hogar es el encarecimiento del precio de los alquileres. Su cuantía media supera ya los 600 euros en Galicia según los datos recopilados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) correspondientes al segundo cuatrimestre de este año (entre mayo y agosto). Esto supone un 8 por ciento más que el mismo periodo de 2024 (543,6 euros) y cuatro veces más que la inflación (2 por ciento hasta octubre).

Como consecuencia cada vez más gallegos intentan buscar refugio en la vivienda pública. A fecha de noviembre de 2025 había 22.680 personas apuntadas como demandantes. La evolución en el último año ha sido notable. En solo doce meses se han apuntado 4.700 personas más, después de que durante bastante tiempo la cifra de inscritos permaneciera casi sin variaciones.

La mayoría de los solicitantes de vivienda pública están en las ciudades (75,1 por ciento ). Y Vigo es, con diferencia, la ciudad que tiene más solicitudes (7.100), seguida de A Coruña (3.770).

En Lugo hay 1.660 inscritos, en Pontevedra, 1.535 y en Santiago suman 1.521. Las ciudades con menos demanda son Ourense (876) y Ferrol (577).

Para el Instituto Galego de Vivenda e Solo hay una clara relación entre el precio de los alquileres y el aumento de la demanda de vivienda protegida. Así, en las ciudades, que es precisamente donde se concentra el mayor número de inscritos, el coste de los arrendamientos es de 665 euros, un 10 por ciento más que en el resto de Galicia.

En concreto, son las urbes de A Coruña y Vigo las más caras para alquilar. En la primera un arrendamiento cuesta 733 euros al mes, según los datos del IGVS a fecha de septiembre de este año, y en Vigo son 693 euros.

Es por esta razón que la principal demanda de vivienda pública es el alquiler. De los 22.680 inscritos, el 76 por ciento buscan un arrendamiento: un total de 17.300 personas, de las cuales hay 4.200 que lo piden con opción a compra. Solo 5.300 tienen pensado comprar. Y aunque el problema de acceso a la vivienda se relaciona casi siempre con la juventud, no son los únicos que tienen dificultades para alquilar o comprar un piso. De hecho, la media de edad de los inscritos en el registro de demandantes es de 44 años.

La Xunta está impulsando vivienda pública para dar respuesta a esta demanda creciente. Ha prometido 4.000 viviendas de promoción e impulsar suelo para construir 25.000 pisos más.

Los promotores privados advierten que no les compensa construir pisos protegidos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que debe ser la administración la que impulse la construcción de vivienda pública ante la emergencia habitacional, pero sin abandonar la colaboración público-privada. De hecho, prevé desarrollar suelo para que el sector público, pero también promotores privados, cooperativas y otras entidades puedan levantar 25.000 viviendas, el 80 por ciento de ellas protegidas .¿Pero está el sector privado interesado en impulsar la construcción de vivienda protegida? «Para nosotros no es de interés. El precio de venta del módulo de un piso de protección no está en consonancia con el precio de fabricarla», advierte el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido. Según explica, el coste de edificación prácticamente se ha duplicado en solo cuatro años. De 800/900 euros el metro cuadrado se ha pasado a 1.700. «Nosotros no podemos hacer milagros. No podemos poner dinero de nuestro bolsillo», advierte. Aunque la Xunta ha anunciado que en 2026 dará ayudas por 15 millones de euros a los promotores para construir vivienda, a Javier Garrido le parecen «insuficientes». El sector privado reclama, sin embargo, más iniciativas en el ámbito fiscal. «Se pueden rebajar impuestos como aplicar un IVA superreducido», propone.

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