El Gobierno busca cómo garantizar seguridad jurídica a los auxiliares de conversación

La Xunta se reunió ayer con representantes del Ministerio de Educación para abordar la problemática de los auxiliares de conversación. El conflicto surge al exigirles el Ministerio de Trabajo un contrato laboral y que coticen al régimen de la Seguridad Social, cuando ahora son tratados como personas que participan en un intercambio cultural. Este cambio en las condiciones pone en riesgo la continuidad de su trabajo en los colegios.

Tras una reunión de la Comisión General de Educación, el departamento que dirige Román Rodríguez explicó que el Ministerio de Educación se comprometió a «buscar fórmulas para lograr la necesaria seguridad jurídica», lo que, en opinión de la consellería, equivale a admitir que existe «una inseguridad como consecuencia de la descoordinación entre dos ministerios». En concreto, según la Xunta, el gabinete de Pilar Alegría les avanzó que se elaboraría un informe que pudiera solucionar este problema.