Audasa busca dilatar la devolución de los peajes ilegales tras el fallo del Supremo
En-Colectivo considera improcedente el intento de la concesionaria para evitar su responsabilidad con argumentos sin base constitucional y reclama respeto a los derechos de los usuarios
Atascos en el acceso al puente de Rande durante las obras objeto de este litigio / Ricardo Grobas
La asociación de consumidores En-Colectivo ha expresado su «profunda preocupación» por la estrategia de Audasa tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria de la AP-9 a devolver los peajes cobrados indebidamente durante las obras del puente de Rande. El colectivo denuncia que la empresa está intentando «evitar en la práctica» el pago a miles de conductores afectados.
Después del fallo, Audasa habilitó un buzón específico para que los usuarios remitiesen sus solicitudes de devolución acompañadas de la documentación acreditativa. Sin embargo, pocos días más tarde, el 24 de noviembre de 2025, la compañía presentó ante la Sala Primera del Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales.
Para En-Colectivo, este movimiento resulta «incoherente y difícil de justificar», porque mientras se invita formalmente a los usuarios a reclamar la devolución del dinero, al mismo tiempo se pone en marcha un procedimiento extraordinario que persigue, en la práctica, cuestionar o incluso anular la sentencia que reconoce ese derecho a ser reintegrados. La asociación subraya que el fallo del Supremo sienta jurisprudencia y deja claro, a su juicio, tanto el derecho de los usuarios a recuperar lo pagado indebidamente con intereses como el incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente sobre el estado del tráfico y las afecciones del servicio durante las obras en el puente de Rande.
En-Colectivo sostiene que la maniobra jurídica de Audasa es improcedente porque la resolución del Supremo es firme y ejecutiva y ninguna actuación ante el Tribunal Constitucional puede suspender ni alterar un fallo de carácter económico dictado por el Alto Tribunal. Añade que no aprecia vulneración de derechos fundamentales, ya que el procedimiento se habría desarrollado “con todas las garantías”, y considera que el incidente de nulidad supone reabrir artificialmente un asunto que ya está resuelto en los tribunales.
«Una vez más nos sorprende que Audasa, en lugar de asumir su responsabilidad, intente dilatar lo que el Supremo ha dejado meridianamente claro. Los usuarios merecen respeto y las sentencias deben cumplirse», afirma Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. «Miles de conductores pagaron un servicio que no recibieron. Es hora de que Audasa devuelva lo que nunca debió cobrar», añade.
La asociación recuerda que cualquier persona que circulase por la AP-9 durante los episodios recogidos en la sentencia puede reclamar la devolución de los peajes abonados en esas circunstancias y los correspondientes intereses. En-Colectivo asegura que ha puesto a disposición del público una guía de reclamación y acompañamiento jurídico para facilitar este proceso a través de su página web, donde ofrece información detallada sobre cómo presentar las solicitudes y qué documentación aportar.
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