La anulación de las oposiciones a brigadistas afecta a 3.000 aspirantes

Según la estimación de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el número de afectados por la modificación de los procesos selectivos del Servicio de Prevención ante Incendios Forestales (SPIF), alcanza «fácilmente» las 3.000 personas, que estaban preparando el examen previsto para febrero en el marco de la oferta pública de empleo de 2023. La semana pasada, a través de una enmienda del Grupo Popular a la Ley de acompañamiento a los presupuestos —que ostenta la mayoría en la Cámara y por lo tanto previsiblemente saldrá adelante— se anuló la convocatoria para evitar duplicidades con otra anunciada, de 311 plazas de bombero forestal, conductor y jefe de brigada, con la que se daría cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza a raíz de una demanda interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que reconoce que estas vacantes quedaron indebidamente excluidas de la convocatoria extraordinaria de estabilización y no se convocaron en 2022.

Estas plazas excluidas, según señalan desde el Ejecutivo autonómico, se convocaron posteriormente en la OPE de 2023, «motivo por el cual la enmienda modifica esa oferta» y suprime las plazas de las mismas categorías ahora convocadas. Al respecto, Azucena Gavín, de la CIG, critica que, tras un verano especialmente exigente para los profesionales del SPIF, que combatieron la peor ola de incendios del siglo, en septiembre la Xunta aplazase el examen, de diciembre a febrero, pero que ahora, «hace ocho días», haya decidido «eliminar un proceso selectivo convocado a sabiendas de que ya había una sentencia que se interpreta que anula esas plazas». En todo caso, insiste en que esa no es la interpretación del dictamen que hace el sindicato, por lo que han solicitado a la Administración autonómica el texto en el que se establece la obligatoriedad del archivo de la convocatoria. «¿En base a qué dice esa sentencia que hay que anular el proceso selectivo, que se convocó a posteriori?», cuestiona Gavín, recordando que habrá gente que lleva estudiando años o, como mínimo, desde que se convocó en agosto.

Pero esta no es la única cuestión que critica la CIG. La propia enmienda que anula la convocatoria establece que la Xunta incluirá en la OPE de 2026 un número de plazas, que, junto a las OPE de 2024 y 2025, sea como mínimo equivalente a las desconvocadas —que el CSIF cifra en 327— para compensar a los aspirantes. Su preparación, señala el Ejecutivo, servirá para las nuevas convocatorias, y, además, serán para cubrir plazas de personal funcionario, que trabajará todo el año, mientras que las ahora anuladas eran de personal fijo discontinuo.

Al respecto, la CIG denuncia que, al no ser el mismo proceso, «hay que estudiar más y más temario», lo que supone un doble perjuicio para los posibles aspirantes, más allá del tiempo que puedan tardar en publicarse que, calculan, serán años. Ahora, el sindicato está estudiando las posibles formas que podrán emplear los afectados para hacer las consecuentes reclamaciones, puesto que, más allá de las tasas, que la Xunta se compromete a reembolsar, muchos optan por apuntarse a academias y han invertido tiempo y dinero en prepararse.

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