Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario

La Xunta apura los plazos para sacar adelante su —demorado durante años— proyecto para regular el procedimiento para ascender en la carrera profesional tanto del personal laboral como del funcionario y evaluar su rendimiento, valoración obligatoria y anual sin la cual no se podrá subir en el escalafón ni engordar la nómina con un plus salarial.

Todavía faltan algunas reuniones más con los sindicatos, pero dos de ellos, la CIG y CSIF, ya han expresado su rechazo a la forma en que se está llevando la negociación, pues aprecian que la normativa —todavía con la categoría de borrador— conlleva castigos y penalizaciones gratuitas para los 20.000 trabajadores de la administración general a los que va dirigida esta evaluación del rendimiento.

Una de las causas de este malestar es el artículo 28 del reglamento, que establece que para someterse a esa evaluación se tiene que trabajar como mínimo el 25% de la jornada laboral anual. Si no se llega, ya sea por incapacidad temporal, reducción de jornada u cualquier otro motivo que no permita trabajar ese 25%, entonces non se obtiene puntuación alguna en el examen de rendimiento y ese año no cuenta para la carrera administrativa.

«Rechazamos que la incapacidad temporal, especialmente cuando deriva de un accidente de trabajo, suponga la pérdida de un año en la carrera; pedimos la eliminación de as penalizacions por reducción de jornada», reivindica CSIF.

«Un caso reciente. Los brigadistas que se quemaron en los incendios de este verano y que pasaron semanas en el hospital, pasarán meses hasta que se pueden reincorporar e igual, para ellos, no contará el año para la carrera administrativa», ejemplifica el secretario general, José Sánchez-Brunete. Pero también podría ser un trabajador que pide reducción por atender a un padre con cáncer, añade.

La CIG va más lejos y sostiene que se castiga las personas afectadas por incapacidades temporales y también, en menor medida, a mujeres embarazadas, trabajadores con discapacidad o aquellos que se dedican a tareas sindicales, ya que de no llegar a ese 25%, se les asignará a la calificación personal la misma que tenga la unidad en la que tengan plaza.

El problema viene porque para ascender de grado se necesita pasar en ellos entre 5 y 7 años, y cada año natural se tiene que superar una evaluación de rendimientos en el que se mide el trabajo individual y el colectivo, además de otra de competencias, también individual. Si no se supera ese examen, ese año no cuenta.

Aprobar esa prueba será condición imprescindible para ascender. Si suspenden estarán obligados a hacer cursos para mejorar su cualificación profesional y además podrán ser cesados de puestos directivos o removidos de plazas obtenidas por concurso, se les denegará el teletrabajo o las prórrogas a su jubilación y hasta se incluirá una reducción de sueldo. La previsión es realizar en 2029 la primera de estas evaluaciones de rendimiento.

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