La brecha del reciclaje de la basura entre Galicia y España se amplía en pleno debate por el alza de las tasas
La comunidad solo separa selectivamente el 18% de sus residuos, un porcentaje que en la media estatal se incrementa hasta el 25%

Un varón tira una bolsa de basura en una céntrica calle de Lalín (Pontevedra). | Bernabé/Javier Lalín
Mateo Garrido Triñanes
Los gallegos no terminan de adaptarse a los sistemas de reciclado de basuras. Al menos así lo reflejan datos oficiales como la Estadística sobre recogida y tratamiento de basuras que publicó ayer el INE, que reflejan como la recogida selectiva de residuos avanza a un paso mucho más lento en la comunidad que en el conjunto del Estado.
En 2017, los gallegos desecharon algo más de un millón de toneladas de residuos. La gran mayoría, el 85%, es basura mezclada —diferentes tipos de desechos: plásticos, vidrio u orgánico botados conjuntamente al contenedor—, mientras que únicamente el 15%, en torno a 168.000 toneladas, se había separado correctamente antes de acudir al contenedor. En aquel momento, la situación del reciclaje en la comunidad no distaba en gran medida de la media estatal, donde la proporción de basura seleccionada se ubicaba en el 18,8%.
Sin embargo, en un periodo de tan solo seis años, esta brecha en el reciclaje entre Galicia y el conjunto de España se ha disparado: según los datos publicados por el organismo estadístico —referentes al año 2023— un cuarto de los residuos en el conjunto del Estado fue desechado a través de una recogida selectiva, mientras a nivel autonómico esta proporción escaló únicamente hasta el 18,6%.
A menudo se asocia esta falta de concienciación con el reciclaje con el envejecimiento poblacional —todos los estudios demoscópicos señalan a los jóvenes como el colectivo más preocupado por el medio ambiente— y con la dispersión de la ciudadanía en el territorio, ya que los entornos urbanos cuentan con una infraestructura más favorable para el reciclaje. Sin embargo, si se comparan los datos de Galicia con los de otra comunidad que adolece también de ambas circunstancias, como Castilla y León, se observa como el problema es más estructural. Así, la comunidad castellanoleonesa recogía selectivamente en 2017 únicamente el 13% de sus residuos, dos puntos porcentuales menos que Galicia. No obstante, mientras durante los seis años siguientes el crecimiento de la recogida selectiva de residuos se dio de una manera muy paulatina, en Castilla y León, la proporción de basura reciclada se disparó hasta el 21%, estrechando en gran medida la brecha que la separaba de la media estatal.
De hecho, los datos publicados ayer por el instituto estadístico sitúan a Galicia como la quinta comunidad que menos selecciona sus residuos, únicamente por delante de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.
La publicación de estos datos que reflejan la brecha que separa a Galicia del conjunto estatal en materia de reciclaje coincide con el debate abierto en buena parte de los concellos de la comunidad sobre la revisión al alza de las tasas de basura. La obligación legal de que el servicio no sea deficitario fuerza a los ayuntamientos a actualizar sus ordenanzas fiscales de recogida y tratamiento de residuos, muchas de ellas congeladas desde hace más de una década.
En ese contexto, los concellos cuentan con la capacidad de aplicar rebajas en su ordenación para que la subida de la tasa no se traduzca simplemente en un mayor esfuerzo económico para hogares y empresas, sino también en un incentivo para mejorar los hábitos de separación de residuos. Así, la normativa permite introducir bonificaciones vinculadas al comportamiento ambiental de los contribuyentes, desde descuentos para quienes acrediten una correcta separación de residuos hasta exenciones parciales para quienes utilicen sistemas de compostaje doméstico o comunitario.
Precisamente, en el punto de la comunidad donde el «tasazo» ha provocado una mayor indignación entre la vecindad, la comarca de O Morrazo, los gobiernos locales de la Mancomunidade se escudan en la posibilidad abierta a vecinos y empresarios de abaratar su factura si participan de manera efectiva en la recogida selectiva de residuos para calmar los ánimos de una ciudadanía enfadada por un alza de la tasa por la que un restaurante pasa de pagar 371 a 2.072 euros y una vivienda de 68 a 126 euros.
Habrá que ver la efectividad de estos descuentos. Sin embargo, la necesidad de trabajar para modificar el rumbo es imperante, ya que cabe recordar que la UE ha puesto como objetivo a los países miembros lograr que el 55% de los residuos se recojan de modo selectivo este mismo año —prácticamente, una quimera para España— y que este porcentaje se eleve al 60% en 2030.
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