La violencia digital contra sanitarios podrá acarrear multas de hasta 3.000 euros

Ante lo que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, definió como una «tendencia creciente de violencia en el ámbito sanitario», que el año pasado se tradujo en 856 agresiones a profesionales de este sector en la comunidad, la Xunta acaba de aprobar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de Galicia, que ahora remitirá al Parlamento para su entrada en vigor a lo largo de 2026.

Este, además de incluir sanciones por agresiones al personal de emergencias y del 061, que hasta ahora no se contemplaban, regula por primera vez la violencia digital, que podrá acarrear multas de hasta 3.000 euros, y las grabaciones en consulta, que podrán derivar en un cambio de médico.

Concretamente, como respuesta a las nuevas formas de violencia además de la violencia física y verbal, el nuevo texto legislativo también contempla la violencia digital ejercida tanto por pacientes como por sus familiares o acompañantes. Además, con esta norma «Galicia será la primera comunidad en recoger sanciones por agresión a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061», destacó Caamaño.

Según recordó el conselleiro, se trata de un compromiso que la Xunta había adquirido con las asociaciones que representan a este grupo de trabajadores, puesto que por la naturaleza de su trabajo «tienen un alto nivel de exposición a los riesgos de agresión».

Sanciones

Se modifica también el capítulo de sanciones. Así, se considerarán infracciones leves las faltas de respeto e insultos, con multas que podrán ir de 300 a 1.500 euros; serán infracciones graves los actos de resistencia, coacción, acoso digital o represalias, con multas de entre 1.501 y 3.000 euros; y serán muy graves los actos de violencia física o la reincidencia de infracciones graves en un plazo de 5 años. En este último ámbito, que ya estaba contemplado en la legislación, las sanciones irán desde los 3.001 euros hasta los 15.000.

Con independencia del tipo de sanción, además, la persona infractora podrá ser asignada a otro profesional e incluso a otro centro de salud por un tiempo no superior a 5 años; y los sanitarios víctimas de violencia podrán solicitar medidas de movilidad, apoyo psicológico y asesoramiento legal a la asesoría jurídica de la Xunta.

Suspensión de la asistencia

Finalmente, la norma regula también las grabaciones en consulta. Este verano, FARO informaba de que los médicos se encuentran cada vez más con situaciones en las que los pacientes quieren grabar la consulta para emplearla en posibles denuncias futuras, algo que, si bien no es ilegal, requiere el consentimiento previo de los facultativos.

Ante este tipo de prácticas, la Xunta quiere blindar la protección de los sanitarios, por lo que, en caso de que las grabaciones se hagan sin su consentimiento explícito, el paciente podrá incurrir en una «quiebra de la relación de confianza», por la que el profesional podrá tomar la decisión de suspender la asistencia, que pasará a estar a cargo de otro médico.