Los efectos del cambio climático sobre los puertos: menos funcionales y operativos

El Gobierno central ha concluido un nuevo estudio sobre los efectos potenciales del cambio climático. Es la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC-2025), desarrollada entre 2023 y 2025, que constituye «el primer ejercicio integral a escala nacional» orientado a identificar y caracterizar los riesgos asociados para el conjunto del país y en el que también se identifican los peligros, cuando estos son singulares en un territorio, que acechan a las distintas comunidades autónomas. En el caso de Galicia, uno de los riesgos específicos detectados es la pérdida de funcionalidad y operatividad de las infraestructuras de protección portuarias debido «al aumento de la intensidad y frecuencia de los eventos de nivel del mar, oleaje y vientos extremos».

En la misma situación que la comunidad gallega estarían el País Vasco, Asturias y Baleares, con una afección mucho más elevada que el resto de España porque son en las que, particularmente, «se ubican puertos en áreas con elevada exposición a temporales».

La amenaza, a largo plazo, llega porque se podría reducir, e incluso interrumpir —como ya ha sucedido en 2015 en el Cantábrico—, la capacidad operativa de diques, escolleras, muelles, terminales y otros elementos portuarios cuando las condiciones meteorológicas superan los umbrales de diseño o seguridad estructural, provocando fenómenos, se indica en el informe, como el rebase del oleaje, la agitación excesiva en las dársenas, la pérdida de calado por sedimentación o la pérdida de estabilidad estructural.

Y la consecuencia de estos fenómenos sería un efecto negativo sobre la maniobrabilidad de todo tipo de embarcaciones, sobre las operaciones estiba y descarga y hasta daños físicos en grúas, sistemas eléctricos o las propias estructuras de abrigo, «lo que repercute en la actividad logística, comercial e industrial».

Y este impacto tendría un agravante en las instalaciones portuarias ubicadas en tramos expuestos de costa o con bajos niveles de protección, ya sea por falta de mantenimiento o por un diseño que se ha quedado obsoleto.

Revisión quinquenal

La evaluación ERICC se realiza en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que señala que este ejercicio deberá realizarse, al menos, cada cinco años. El estudio se ha desarrollado entre 2023 y 2025 por un consorcio científico-técnico bajo la coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, en un futuro próximo, tendría que ser completado con análisis específicos a escala autonómica o municipal para determinar las amenazas con mayor precisión ya que los riesgos se distribuyen de forma desigual entre los territorios.

«Se están materializando los escenarios climáticos más extremos, con peligros que generan múltiples riesgos encadenados. La evolución de olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, las lluvias torrenciales y otros fenómenos, está configurando un escenario cada vez más complejo e incierto que plantea importantes desafíos para la salud, la seguridad y la resiliencia de los territorios y las poblaciones», se advierte en el informe.

Lo que se pretende con este estudio es disponer de una base sólida sobre la que diseñar políticas y medidas eficaces para reducir la vulnerabilidad y los riesgos derivados del cambio climático.

Subida del nivel del mar

Otra amenaza que se señala para el conjunto de España es la de la pérdida de superficie terrestre por inundación y erosión debido a la subida del nivel del mar. En el sur y en el Levante lo que está en riesgo, fundamentalmente, son las edificaciones residenciales y la población, porque la expansión urbanística ha llevado las construcciones hasta la misma línea de mar.

«En la región de Murcia, la ocupación intensiva del cordón litoral de La Manga del Mar Menor representa un caso paradigmático de exposición acumulada, con edificaciones turísticas, dotaciones y redes de servicios implantadas sobre una estrecha franja costera con escasa capacidad de respuesta ante procesos crónicos de pérdida de superficie emergida», se recoge.

En el norte de la península, estos riesgos toman otra dirección. En Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, los peligros llegan por la exposición de infraestructuras críticas situadas en cotas bajas, como redes de transporte, plantas energéticas o equipamientos sanitarios y educativos, «que podrían verse afectadas por la alteración permanente del borde litoral».

A estas amenazas se suman otra singulares de Galicia, como el desplazamiento, desaparición o merma de especies marinas a causa del incremento de la temperatura superficial del mar. En la comunidad gallega afectaría, por ejemplo, al cultivo de bivalvos en las rías, además del aumento de especies invasoras o la proliferación de algas que alteran los ecosistemas locales.

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