El Consello de Contas avisa que el 42% de las ayudas de la Xunta se otorga sin concurrencia competitiva

La administración de la Xunta aún reparte un montante significativo de sus subvenciones sin concurrencia competitiva, a pesar de que la ley gallega de subvenciones de 2003 exige planificar de forma estratégica y operativa la política pública de ayudas. Además, no existe un sistema común de seguimiento ni un cuadro de indicadores que permita evaluar la eficacia de las subvenciones. «Cada centro directivo aplica su propio criterio y, en muchos casos, no se mide el impacto real de las ayudas concedidas».

El «Informe de evaluación de riesgos en las subvenciones de la Administración general 2024» elaborado por el Consello de Contas concluye que el 42% de los expedientes revisados se tramitaron sin concurrencia, es decir, sin competencia o mediante concesión directa. «Se constata la inexistencia de planificación estratégica y de planes operativos en materia de subvenciones, a pesar de ser una obligación», advierte el documento en su página 35.

El órgano fiscalizador considera que esta carencia supone una gestión «a ciegas», sin objetivos definidos, sin indicadores de impacto y sin coordinación entre los departamentos que los administran.

Según el documento, en 2023 la Administración general gestionó un total de 499,9 millones de euros en ayudas, de los que el 57,8% (289,3 millones) se concedieron por concurrencia competitiva, el 35,7% (178,3 millones) por concurrencia no competitiva y el 6,5% (32,3 millones) por concesión directa. Es decir, más de un 42% del total —unos 210 millones de euros— se otorgaron sin competencia abierta, estimando esa muestra. Aún así, en una nota al pie, el Consello de Contas aclara que «algunas de las líneas que en 2023 eran de concurrencia no competitiva pasaron a serlo en los ejercicios 2024 y 2025».

Mejoras insuficientes

El documento subraya que los controles aplicados son «en la mayoría de los casos de carácter formal, sin evidencia suficiente de su eficacia» y que los procedimientos de reintegro y sanción son testimoniales. Pese a los avances institucionales, como la creación en 2024 de la Comisión Interdepartamental de Integridad y Prevención de Riesgos, la formación y la comunicación interna en materia de integridad «resultan todavía insuficientes», añaden. El Consello alerta también de que «no se dispone de un sistema de indicadores que permitan medir el impacto de las subvenciones» y recuerda que Galicia sigue sin aprobar un Plan Estratégico de Subvenciones, previsto por ley desde hace más de dos décadas.

Entre las conclusiones, que la Xunta ha avanzado en formalizar mecanismos de control, pero que el sistema de ayudas continúa siendo «más declarativo que operativo», con «carencias estructurales en planificación, evaluación y justificación de resultados». O, dicho de otro modo, dos décadas después Galicia sigue concediendo cientos de millones en ayudas públicas, pero sin una brújula clara que garantice su eficacia, equidad y transparencia.

La evaluación tiene como ámbito la administración general de la Xunta, sobre la que se revisó el grado de cobertura de los planes de prevención y las evaluaciones de riesgos realizadas en el ámbito de las subvenciones. Además, el Consello completó este análisis con una revisión detallada de la implantación de dichos planes en seis direcciones generales: Emprego, Traballo y Economía Social; Formación y Colocación (ambas de la Consellería de Emprego); Planificación y Ordenación Forestal; Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias (de Medio Rural); y Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica junto con Desarrollo Pesquero (de la Consellería do Mar). En conjunto, gestionan 613,37 millones de euros, el 21% del total del gasto en ayudas.

Suscríbete para seguir leyendo