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El desarraigo familiar dispara los gallegos bajo la ‘tutela’ de la Xunta

La Funga tiene ya a su cargo a 3.587 personas

Administra sus bienes, les hace trámites y gestiona sus cuidados sanitarios

Una cuidadora ayuda a una mujer mayor dependiente.

Una cuidadora ayuda a una mujer mayor dependiente. / XOAN ALVAREZ

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

Las redes de soporte familiar se debilitan y la Administración autonómica se ve obligada a suplir ese papel de apoyo para ayudar a personas que, por una discapacidad intelectual, un trastorno mental o un deterioro cognitivo, necesitan ayuda en la toma de decisiones, bien sea para gestionar sus bienes, para sus cuidados médicos o para tramitar prestaciones. De esa tarea se encarga desde hace casi 30 años la Fundación Pública para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga), cuya actividad se ha disparado debido al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades mentales. Solo en lo que va de año el número de personas atendidas ha pasado de 3.151 al cierre de 2024 a un total de 3.587, lo que supone un crecimiento del 14 por ciento.

La labor de la Xunta consiste en una especie de ‘tutela’, aunque jurídicamente este término ya no es adecuado. En 2021 hubo una reforma legal en la que deja de considerarse a estas personas «incapaces». Hasta entonces declararlas incapacitadas suponía su total pérdida de derechos. Ahora se respeta su voluntad y se le ofrecen «medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica». «Es un modelo más próximo a la persona, con una atención individualizada», explica la gerente de la Funga, Eloína Injerto. Estos apoyos van desde la gestión de su dinero, la administración de bienes —por ejemplo vender o comprar una propiedad o encargar la limpieza de una finca—, tomar decisiones sobre su salud como pedir citas médicas, autorizar tratamientos o dar consentimientos informados así como asumir gestiones ante la administración como pedir valoraciones de dependencia o tramitar prestaciones.

La evolución en la última década de las personas que necesitan estos apoyos ha sido notable. En 2015 el número de gallegos al amparo de la Funga era de 2.605. A día de hoy ya son un 40 por ciento más. Y la previsión es que esta cifra siga creciendo. En el proyecto de presupuestos de la Funga para el próximo año, la Xunta lo achaca al envejecimiento de la población, al aumento de trastornos mentales e incluso «a un elevado número de personas afectadas por diversas patologías relacionadas con el consumo de drogas». Pero para Eloína Injerto la causa principal es «la ausencia de familia». «No solo porque no tengan, puede pasar que esa familia no puede prestar el apoyo que necesita, que no se considere idónea o que no esté dispuesta a hacerse cargo por el motivo que sea».

Situaciones más complejas

Además, la gerente de la Funga alerta de que no solo se ha incrementado el número de personas que quedan bajo el amparo de esta fundación sino que las situaciones son cada vez «más complejas». «Hay nuevos perfiles donde se produce una combinación de discapacidad intelectual con problemas de salud mental, con algún trastorno de conducta o consumo de tóxicos», explica.

«Hay nuevos perfiles donde se produce una combinación de discapacidad intelectual con problemas de salud mental, con algún trastorno de conducta o consumo de tóxicos»

Eloína Injerto

— Gerente de la Funga

Las medidas de apoyo que presta la Funga son básicamente tres. La más amplia es la curatela, que engloba prácticamente todos los aspectos (administración de bienes, salud, representación jurídica...). En 2024 eran 2.697 los gallegos que estaban bajo esta figura de protección. Además, otros 392 reciben ayudas puntuales para defensa judicial y se administran los bienes de 62 personas más en situación de desamparo.

Diversas asociaciones que representan a colectivos de discapacidad se llegaron a quejar, sin embargo, de la falta de recursos de la Funga para atender a este número cada vez mayor de personas. Se cuestionó también su papel después de la muerte de una mujer en Lavadores (Vigo) a manos de su hermano con esquizofrenia ‘tutelado’ por la Xunta que llevaba meses sin acudir a las citas para administrarse los inyectables que tenía prescritos para su enfermedad mental.

Injerto defiende, sin embargo, que en 2025 ya se aumentó la plantilla para dar respuesta al incremento de personas atendidas con la creación de un nuevo equipo, de manera que la cifra de empleados asciende a 30. Y su presupuesto para el próximo año crecerá un 27 por ciento. «Necesitamos más recursos. La idea es seguir aumentando personal», asegura.

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