Más de 135.000 hogares gallegos afrontan gastos sanitarios desmedidos

El pasado año, el gasto sanitario por persona en Galicia fue 647,14 euros, lo que supuso un 17,4% superior a la media estatal, que ascendió a 551,27 euros. Solo los asturianos tuvieron que echar más mano de la cartera. Pero estos pagos por empastes, lentillas, psicólogos, logopedas, audífonos o cualquier material y productos que van más allá de la sanidad pública, no tienen el mismo impacto en las familias, porque cada una tiene un nivel distinto de renta e ingresos. Para 135.400 hogares, este gasto resulta excesivo porque la factura supera el 10% del presupuesto familiar que manejan.

Esta situación afecta al 12,27% de los hogares gallegos, según se recogen en los indicadores de la Agenda 2030 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y extraídos, a su vez, del INE. Pero los que peor se encontrarían serían unas 11.400 familias (el 1,03% del total), dado que su gasto sanitario se llevó más del 25% de los ingresos del hogar.

En comparación con la media nacional, la proporción de familias gallegas con una alta factura sanitaria (más del 10% del presupuesto) es muy superior, estando así en consonancia con el gasto per cápita, en el que Galicia comparte podio con Asturias.

Estos hogares con —en la terminología técnica— «grandes gastos sanitarios» superan en casi tres puntos la media de España, situada en el 9,45%. Diez años antes, el porcentaje era prácticamente el mismo, pero desde entonces la población gallega ha acelerado su proceso de envejecimiento y también se ha ido ensanchando la brecha entre la comunidad gallega y el conjunto del Estado.

En cuando a los hogares con gasto sanitario por encima del 25% de los ingresos, también es mayor la proporción de estas familias gallegas en comparación con el comportamiento nacional, 1,03% frente al 0,76%.

Los datos referentes a 2024 de la Agenda 2030 publicados por el IGE también muestran la proporción de personas mayores de 16 años que no ha podido ser atendida sanitariamente a pesar de considerarse necesario. En esta situación se encontraría a lo largo del pasado año el 2,24% de la población (unas 60.500 personas), cuya atención quedó sin ejecutarse por algunas de estas razones: motivos económicos, lista de espera alta o demasiado lejos para desplazarse al lugar de consulta.

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