Las empresas impugnan contratos públicos por 1.500 millones: el 28% lo hizo con éxito

Puesto en servicio en el año 2018, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) no afloja el ritmo en su actividad, que es la de interceder por las empresas cuando estas consideran que una administración pública ha cometido alguna incorrección en una licitación o adjudicación, o incluso en el pliego de condiciones. Este órgano con menos de una década operativo es el equivalente al tribunal específico al que los contribuyentes acuden cuando están disconforme con lo que deben pagar en impuestos al erario público. Solo que en el Tacgal se resuelven los conflictos que atañen a los contratos de servicio, suministro, obra o concesiones que sacan al mercado la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las tres universidades públicas.

Esta disconformidad provocó que el pasado año se presentaran 211 recursos por parte de las firmas que operan en Galicia que afectaron a contratos por un valor total de 1.486 millones de euros. El caso es que el 28% de estas impugnaciones se resolvieron a favor las empresas, según se recoge en la memoria del Tacgal correspondiente a 2024, lo que obligó a las administraciones a volver sobre sus pasos en el proceso de licitación o adjudicación y repetir el procedimiento desde el principio o desde la fase en que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública consideró que se habían salido del camino correcto.

Los motivos de las impugnaciones son numerosos, pero los más comunes son exclusiones de los procesos, puntuaciones recibidas en los concursos, pliegos de condiciones mal redactados o imposibles de cumplir, adjudicaciones mal realizadas, plazos excedidos... todo, claro, según el prisma de las empresas.

De los 211 recursos resueltos, el 28% lo fue en interés de las firmas: el 22% de estimación total y un 6%, parcial, pero aún así a favor de las empresas.

Pese al volumen de los importes recurridos —cercanos a los 1.500 millones de euros—, conviene situar en perspectiva estas cifras, porque son miles los concursos que se hacen al año por parte de las administraciones públicas y las empresas solo recurren, por lo general, aquellos que resultan más apetecibles por su importe.

La Xunta, al frente de los recursos

El pasado año, la Xunta se ha vuelto a situar como la administración contra la que se recurren más contratos públicos. En los ejercicios anteriores, el foco estaba, esencialmente, en los ayuntamientos, algo entendible porque son 313. Pero ahora, la autonómica ha retomado el puesto de cabeza, al ser objeto del 53% de las impugnaciones (112) presentadas. Las entidades locales —contando también a las diputaciones— se han quedado en el 46% (96 recursos), mientras que el 1% restante, con solo 3 impugnaciones, corresponde a las universidades.

Lo que no ha cambiado es que el Sergas repite como el servicio contra el que más recurren las empresas, algo lógico dado el volumen de presupuesto que maneja al año y todas compras, suministros y prestaciones que contrata. Fue objeto del 20% de todos los conflictos en la comunidad resuelto en el Tacgal y del 38% si solo se tienen en cuenta los dirigidos contra la Xunta.

Por tipo de contratos, los que generan mayor “litigiosidad” fueron de los de servicios. Supusieron casi el 65%, mientras que los de suministro ascendieron al 32% y las concesiones se quedaron en el 2%. En cuanto a los de obras, solo supusieron el 1%

El Tacgal emite una crítica contra las administraciones por su desatención legal. Por ley están obligadas a informar de las actuaciones adoptadas para cumplir con las resoluciones del tribunal que dan la razón a las empresas, pero resulta que solo en el 55% de los casos se respeta este precepto, por mucho que este comportamiento sea objeto de reproche por parte del Tacgal. En 2023 fue del 38%.

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