El BNG pide retirar las sanciones a menores por beber alcohol o fumar

De las enmiendas presentadas a la ley de prevención de conductas adictivas en menores se desprende que, más allá de discrepancias en las formas y en el modo de llevarla a cabo, la oposición coincide con la finalidad y el objetivo de la norma. Con 39 enmiendas el Bloque —que la semana pasada presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada— y 60 el PSdeG, los dos partidos piden que se aligere la responsabilidad de los concellos o que las actuaciones previstas en la ley se doten del personal y el presupuesto necesario, entre otras cuestiones. Llama la atención, eso sí, que el BNG reclame la despenalización de aspectos como los botellones o el consumo por parte de menores de alcohol, tabaco o bebidas energéticas, mientras que los socialistas solicitan que sea la Administración autonómica la encargada de incoar, instruir y resolver todos los expedientes sancionadores, incluidos los de las infracciones leves, que la Xunta plantea dejar en manos de los ayuntamientos.

En sus enmiendas, el BNG ha dejado claro su descontento con que la norma esté «estrictamente centrada en los aspectos de infracción y sanciones en vez de en la prevención», como ya había avanzado su portavoz de Sanidad, Montse Prado. En consecuencia, piden eliminar del texto las sanciones a menores que consuman alcohol, tabaco (o productos similares, como vapeadores) o bebidas energéticas, así como su transporte o posesión. Estos supuestos aparecen recogidos como infracciones leves, que implicarían una multa de entre 200 o 3.005,06 euros en su grado máximo.

En lo que a las infracciones graves se refiere, también reclaman que se suprima como tal la acción de «regalar o vender cualquier tipo de merchandising con la imagen identificativa del cannabis a la población, independientemente de cual sea su edad», que de otro modo conllevaría una sanción de entre 3.005,06 y 15.025,30 euros. En esta línea, también piden despenalizar el botellón entendido como la «prohibición de consumir en grupo bebidas alcohólicas en la vía pública, los parques y las plazas públicas y otros espacios de tránsito público», apelando, en cambio, a «regularlo».

En contraposición, en sus enmiendas el BNG también pide recrudecer la prohibición del uso de imágenes con distintivos de bebidas alcohólicas en actividades musicales o deportivas, entre otras, aplicándola también a las bebidas con etiqueta 0,0.

Por su parte, en lo que a las sanciones se refiere, el PSdeG no ha pedido retirar ninguna a través de sus enmiendas, pero si solicita que sea la Xunta la responsable de las infracciones leves, y no los concellos, como establece la norma. Esta voluntad de retirar responsabilidades a los concellos es común también al Bloque, que, igual que el PSdeG, pide que se modifiquen aquellos artículos en los que la Xunta delega tareas en las administraciones locales y en las entidades sin ánimo de lucro, para que sea la Administración autonómica la encargada de llevarlas a cabo. Además, también solicitan la dotación necesaria de personal y fondos para acometer las distintas actuaciones previstas en la ley, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario, entre otras cuestiones.

Finalmente, el grupo popular ha presentado tan solo dos enmiendas al texto, relativas a la publicidad, promoción y patrocinio de las bebidas alcohólicas y energéticas. En ambos casos, piden modificar el texto original, según el que queda prohibida toda clase de publicidad de estos productos en la vía pública en un área de 200 metros alrededor de centros docentes o de acogida, para reducir esta distancia a los 100 metros. Los socialistas, por su parte, también proponen reducirla, pero en menor medida, hasta los 150 metros.

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