Las comunidades del PP abren por el turismo otro frente contra el Gobierno

Las comunidades gobernadas por el PP han abierto un nuevo frente común contra el Gobierno central. Hay confrontación en bloque por la vivienda, los cribados de cáncer, la condonación de la deuda, la financiación autonómica o el reparto de menores migrantes y ahora se suma también el turismo como objeto de un pulso con Moncloa.

Once autonomías del PP, entre ellas Galicia, la ciudad autónoma de Melilla y Canarias, donde gobierna Coalición Canaria con el apoyo de los populares, firmaron ayer la denominada ‘Declaración de Sevilla’ en la que exigen al Gobierno que abandone las políticas que «atacan y desprestigian al turismo» y «deje de alentar los movimientos antiturismo», convencidas de que el problema del acceso a la vivienda nada tiene que ve con esta actividad ni tampoco con los pisos turísticos, que para el PP constituyen una fórmula de «revitalizar los centros urbanos».

El documento, que se hizo público en el marco de la feria de innovación en el turismo (TIS) de Sevilla, reúne a Andalucía como promotora, Aragón, Canarias, Murcia, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Valencia, Galicia, la Rioja, Extremadura y Melilla, territorios que concentran en torno al 70% del turismo nacional y el 75% del internacional.

Desde la defensa de la industria turística como motor económico, estas regiones rechazan el «discurso simplista y culpabilizador del Gobierno central para atacar y desprestigiar al turismo a través de las acusaciones permanentes de que el principal motor económico del país sea el responsable de su falta de acción».

Los firmantes —Xosé Merelles por la Xunta— abogan por separar vivienda y turismo y aseguran que «la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables».

Las viviendas de uso turístico (VUT), cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, «no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país», añaden las comunidades del Partido Popular.

La declaración también aborda el fenómeno de la masificación turística que consideran que es una consecuencia directa de la «ineficacia del Gobierno central para frenar la migración interna desde la España vaciada».

Asimismo reclaman la revisión del real decreto sobre el Registro Único de viviendas turísticas y consideran urgente definir el alquiler de temporada que sí es competencia exclusiva del Estado y que se haga bajo criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica.