El envejecimiento eleva el abandono de las comunidades de montes

Un tercio de la superficie forestal de Galicia aproximadamente está en manos de las comunidades de montes. Su labor es fundamental para mantener gestionados estos terrenos, aprovechar sus recursos y poner freno a los incendios. Sin embargo, la despoblación y el envejecimiento del rural está provocando que cada vez más mancomunidades incumplan sus obligaciones administrativas de rendir cuentas a la Xunta de sus ingresos o reinversiones, facilitar la lista de comuneros o renovar las juntas rectoras. En esta situación se encuentran casi el 60 por ciento de los montes vecinales, según los datos de la Consellería de Medio Rural, lo que se interpreta como un signo de su progresivo abandono.

Según los datos de la Xunta, hay 3.048 comunidades de montes en Galicia, pero el porcentaje de las mancomunidades que cumplen con sus obligaciones ha ido descendiendo en los últimos años. En 2023 casi la mitad de las mancomunidades tenía su gestión al día. El pasado año bajó al 45 por ciento pero ahora ya está en el 42 por ciento.

Esto significa que hay 1.770 comunidades —el 58 por ciento— que descuida sus obligaciones administrativas. Y hay una clara diferencia por provincias. Las mancomunidades que más incumplen son las de Ourense, precisamente uno de los territorios con mayor grado de abandono y envejecimiento de la geografía gallega. El 75 por ciento de los montes vecinales de esta provincia no han hecho los deberes, en la mayoría de los casos el problema es que no tienen actualizados los censos de comuneros o no han podido renovar las juntas rectoras que son las que se encargan de dirigir y tomar decisiones. Y ha sido justamente esta provincia la más castigada por la ola de incendios de este verano. También en A Coruña son mayoría las mancomunidades que incumplen: el 55 por ciento.

En Lugo, sin embargo, la situación es bastante mejor: el 50 por ciento está al día. En esta provincia todavía hay muchas familias cuya principal vía de ingresos es la explotación forestal y eso incentiva que haya una mayor preocupación por tener cuidados los montes.

Y lo mismo ocurre en Pontevedra, donde las comunidades de montes son bastante activas. Esto favorece que casi al 60 por ciento lo tengan todo en regla.

Desde la Organización Galega de Comunidades de Montes, su presidente, Xosé Alfredo Pereira, explica que el problema se agrava en aquellas zonas del rural donde hay poca población. Pero incluso en la provincia de Pontevedra explica que, en ocasiones, es difícil encontrar gente para constituir las juntas rectoras. «En Oímbra, por ejemplo, tardamos tres años, pero al final se consiguió», comenta.

Pero además advierte que la Xunta no se lo pone fácil para cumplir estas obligaciones administrativas, pues los trámites deben ser telemáticos. «Con unos comuneros ya mayores y además en zonas del rural donde ni llega internet esto es un impedimento», lamenta. Y avisa además que hay montes vecinales cuya gestión fue asumida por la Xunta que tampoco cumplen sus obligaciones administrativas.

La polémica ley de montes vecinales que prepara la Xunta y preocupa a los comuneros

La Lei de Montes de 1989 preveía ya que la Xunta pudiera asumir la gestión temporal de los montes vecinales en mano común que se declararan en grave estado de abandono, pero se trataba de un precepto apenas enunciado que en la práctica no se llevaba a la práctica por falta de desarrollo. Fue en 2021 cuando se introdujo una reforma que permite que en situaciones jurídicas de inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos la Xunta pueda asumir la titularidad provisional del monte y su gestión cautelar y ofrecérsela al ayuntamiento donde se ubica.

Xosé A. Pereira, pdte. de la Organización Galega de Comunidades de Montes

«Es anticonstitucional, es un robo»

Sin embargo, el Gobierno gallego quiere ir más allá y conceder a los concellos la titularidad, no temporal sino definitiva, de los montes en grave estado de abandono o inexistencia de la comunidad de vecinos, una cuestión que pretende regular en la nueva Lei de Montes Vecinales, que el Gobierno gallego tiene en proyecto desde hace varios años pero que no termina de avanzar.

De momento, se ha elaborado un libro blanco, que recoge las aportaciones de los miembros del Consello Forestal de Galicia y de los agentes interesados para que sirva como base para redactar la nueva ley. Y ahí se plantea precisamente retirar la titularidad de estos montes a las mancomunidades para cedérsela a los concellos.

«Es anticonstitucional, es un robo», protesta el presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira. Según explica, el criterio que se utilizará para decidir si un monte está abandonado es precisamente comprobar si cumple con sus obligaciones administrativas. «Estaríamos de acuerdo en que la Xunta asuma la gestión cautelar o se la ceda a los concellos, pero no la titularidad», advierte.

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