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La justicia gallega mantiene suspendida la caza del lobo

El TSXG alega el principio de precaución ambiental y la Xunta recurrirá esta decisión

Imagen de archivo de un lobo.

Imagen de archivo de un lobo. / Bernd Thissen

Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decide mantener la suspensión de la caza del lobo en Galicia, aplicando el principio de precaución ambiental y recordando que se trata de una especie protegida por la Directiva Hábitats.

En un auto fechado el 14 de octubre, el tribunal destaca que el lobo «forma parte de las especies de interés comunitario cuya protección rigurosa debe garantizarse» y subraya que su estado de conservación debe evaluarse a escala de toda la población ibérica, no solo regional.

El TSXG cita datos oficiales que reflejan un retroceso del lobo en Portugal entre 2019 y 2021, con una reducción del área habitada y del número de manadas, y concluye que el estado de conservación de la especie sigue siendo «precario», a pesar de las medidas de protección y compensación adoptadas. Por ello, ha decidido suspender de manera cautelar la resolución de la Xunta que permitía incluir al lobo entre las especies cinegéticas para la temporada 2025-2026, tras aceptar el recurso presentado por WWF.

La organización ecologista ha celebrado la decisión judicial y recuerda que el lobo «no conoce fronteras», por lo que su caza en Galicia tendría un impacto negativo en Portugal. «El alto tribunal vuelve a recordar que el lobo sigue siendo una especie protegida y no puede ser gestionado a tiros», afirmó el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez, que pidió a la Xunta una gestión «basada en la ciencia».

Por su parte, el gobierno autonómico ha anunciado que recurrirá el auto judicial «como en anteriores ocasiones» y difiere sustancialmente de la versión de la organización ecologista: reitera que el estado del lobo es «favorable», respaldado —asegura— por informes técnicos. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático reclaman, además, que se traslade a Bruselas el informe autonómico que avala esa valoración.

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