Alicia Calaza, notaria: «Muchos mayores solo pueden pagar los cuidados con su vivienda»

La rebaja fiscal anunciada esta semana para los contratos de vitalicio, por los que una persona puede ceder parte de sus bienes a cambio de recibir cuidados hasta su fallecimiento, ha sido bien recibida por los notarios de la comunidad, que tienen claro que habría más gente que emplearía esta figura de no ser por la «presión fiscal» a la que está sometida. Así lo explica Alicia Calaza, notaria en A Estrada que hizo, precisamente, su tesis doctoral sobre esta cuestión y recuerda que, en muchas ocasiones, la «única fuente financiación» que tienen las personas mayores para asegurarse de que reciben los cuidados apropiados en la última etapa de su vida es su vivienda.

Esta figura, explica Calaza, no tiene límite de edad, y puede ser usada tanto para asegurar el cuidado de las personas mayores como de menores con discapacidad. «Por ejemplo, si yo tengo un hijo con una discapacidad cognitiva o física y me sobreviene una enfermedad, puedo ceder mis bienes —generalmente una casa— para que cuiden a mi hijo», expone. En todo caso, «tradicionalmente se ha utilizado por las personas mayores, solteras, sin hijos o con hijos que viven fuera».

Se trata de una alternativa muy recomendable, puesto que permite que la gente «envejezca en su casa», donde «se sienten más seguros», pero también ayuda a suplir la «escasez» de plazas en residencias. «La ratio de plazas de financiación pública es inferior al 70%, con lo que hay un déficit de 89.000 plazas para mayores de 65 años y de 35.000 para personas con dependencia. El 30% restante son privadas, y el coste medio es de 2.200 euros al mes», explica, un precio desorbitado para un grupo de población que, generalmente, cobra una pensión de unos 1.400 euros. «Entonces, la única fuente de financiación para esta gente es la vivienda, porque en España hay tradición de tener una casa en propiedad, y no en alquiler, a diferencia de los países nórdicos», asevera.

Además, continúa, «tiene un beneficio para la persona que va a ser cuidada, pero también para el que cuida, porque va a tener una vivienda, a la que, con los precios que hay hoy en día, igual no podría acceder en toda su vida»; y al no ocupar una plaza pública residencial, «le está ahorrando dinero al Estado».

«Muy castigada»

Por lo tanto, celebra que los prepuestos gallegos del año que viene vayan a incluir rebajas fiscales en esta materia, ya que, si bien es una figura que está «muy arraigada» en la comunidad por la que optan bastantes personas, «hay mucha gente que se animaría a hacerlo» pero no lo hace porque «no tiene efectivo para pagar el impuesto». Y es que se trata de una figura «muy castigada fiscalmente», señala, en la que confluyen varios impuestos distintos que deben pagar ambas partes.

Por un lado, la persona que va a prestar los servicios a cambio del bien tiene que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por recibirlo, como si fuese una compra: paga el tipo general, que actualmente es del 8%. Además, los cuidados que va a recibir la persona que cede el bien se capitalizan, por lo que esta persona también tiene que liquidar ITP, con un tipo del 1% sobre el valor estimado de dichos cuidados.

A mayores, suele ser muy habitual que en las escrituras de contratos de vitalicios se establezca una condición resolutoria —por la que, si se incumple el contrato, este queda sin efecto—, y esto también requiere un impuesto a mayores, que también abona la persona que cede sus bienes; y si el concello tiene establecido el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, este también debe abonarlo la persona cedente.

Finalmente, es común que en la transacción haya que pagar un Impuesto de Donaciones, en este caso a cargo de la persona que recibe el bien. Para determinar si hay o no una donación, el valor del bien cedido se compara con el valor estimado de los cuidados que va a recibir la persona cedente, y se considera que sí la hay cuando el valor del bien supera al de los cuidados que recibirá en 12.000 euros y en un 20%. «Si yo cedo mi piso, que vale 100.000 euros, por ejemplo, y mis cuidados se valoran en 50.000, ¿qué hace Hacienda? Pues dice que, por los 50.000 de diferencia, se aplique el impuesto de donación. Hay un desequilibrio brutal y la gente no tiene dinero para pagar ese impuesto», lamenta Calaza.

Se infravaloran los cuidados

El de donaciones es, precisamente, el impuesto que más perjudica, señala Calaza, porque «ya el ITP es muy elevado», pero al sumar el de donaciones «pagas muchísimo dinero», que la gente que más se podría beneficiar de esta figura, señala, generalmente no tiene. El problema, continúa, viene de la infravaloración que se hace de los cuidados, «que se cuantifican con el salario mínimo» cuando, en realidad, los mayores «necesitan unos cuidados que no son la jornada laboral, no son ocho horas al día, sino también durante la noche y el fin de semana». Al no tenerse en cuenta el valor real de estos cuidados, es fácil que se dispare el impuesto de donaciones.

Ante esto, indica, ella apuesta porque los cuidados se valoren más, «porque no valen el salario mínimo», o que, por lo menos, «no se aplique tan alegremente» el concepto de que «por la diferencia de valor hay una donación». En todo caso, celebra el anuncio hecho por el Gobierno autonómico, reconociendo que «todas las bonificaciones serán buenas», puesto que actualmente «la gente no se anima por la presión fiscal», lamenta en base a la experiencia. Según ha trascendido, la rebaja fiscal prevista afecta tanto al Impuesto de Donaciones como al de Transmisiones Patrimoniales.

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