La actividad sindical de los funcionarios autonómicos cuesta a la Xunta 16 millones al año
El Gobierno gallego publica nueve años después un balance de la acción de los sindicatos en la Administración autonómica, que cuentan con 414 empleados con dedicación exclusiva
Juan Manuel Vieites y Miguel Corgos, ayer, en la sede de la Consellería de Facenda. / Xoán Álvarez
Nueve años después de los últimos datos públicos, la Xunta ha difundido un balance de la actividad sindical dentro de la Administración autonómica, poniendo negro sobre blanco el número de empleados ocupados en tareas sindicales y el coste que tiene para las arcas públicas este tiempo destinado a la representación y defensa de los trabajadores. El importe total, en una actividad en la que participan más de 1.300 empleados —de los que 414 se dedican a tiempo completo—, asciende a 15,907 millones de euros al año.
Los anteriores datos corresponden al año 2016, y con respecto a esa cifra, el incremento del coste ha sido del 50%. Desde entonces, la Xunta ha evitado publicar esta información. Algo que ayer hizo en su portal web de transparencia, en el apartado de actividad sindical, aunque sin repetir el esquema empleado hace nueve años.
En 2016, con una plantilla que rondaba los 90.000 trabajadores, el Gobierno gallego indicaba que el coste era de 10,6 millones de euros y que había 828 personas dedicadas a tareas sindicales, sin entrar a distinguir entre clasificaciones más allá de precisar que 633 eran del área de administración general y función pública, 139 del sector educativo y 56 del sanitario.
Ahora se dan más detalles. De los 1.309 trabajadores que participan en tareas sindicales en la Administración autonómica, 895 son personal sin liberar, es decir, que compaginan esta labor con su trabajo ordinario, dedicando determinadas horas al mes a la representación sindical. Por ello, la Consellería de Facenda no les atribuye coste alguno.
A tiempo completo
El resto, 414, están ocupados a tiempo completo con la representación y defensa de los trabajadores o en acciones internas de los sindicatos. De ellos, 267 están calificados como «liberados» y suponen algo más de 10 millones de euros anuales en salarios. Los otros 147, que cuestan más de 5,8 millones, funcionan bajo el epígrafe de «dispensas y permisos institucionales» y son los que participan, por ejemplo, en las mesas de negociación y de personal. Entre estas dos categorías, la Consellería de Facenda les atribuye un coste de 15,9 millones, tal como se recoge en la página web de transparencia de la Xunta. También es cierto que la plantilla ahora es mayor que en 2016, con algo más de 108.000 empleados públicos.
El mayor coste, por tener también el número más alto de sindicalistas con tareas de exclusividad, corresponde al área de la administración general y función pública. Sus 155 liberados (108) y «dispensados» (47) suponen un importe de 4,979 millones de euros.
En el Sergas, el coste es de 4,64 millones de euros para los 111 trabajadores con dedicación exclusiva a tareas sindicales: 62 liberados y 49 con dispensa o permiso institucional.
En el ámbito de la educación no universitaria, las cifras son muy parecidas a las del sector sanitario, pues hay 61 trabajadores liberados y 36 dispensados (97 en total), para sumar un coste total de 4,31 millones de euros.
El último ámbito es el de la justicia, con 36 liberados y 15 con dispensa (51 entre las dos categorías), a los que Facenda les atribuye un importe de 1,973 millones.
Los presupuestos de la Xunta para 2026 agotarán el techo de gasto
Los presupuestos de la Xunta para 2026 agotarán el techo de gasto, fijado en 14.177 millones de euros —un 1,6% superior al vigente para este año— y la Consellería de Facenda se encuentra «cerrando el mapa de incentivos fiscales», con la intención de presentar el proyecto un año más «en tiempo y forma».
Así lo aseguró ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, después de reunirse en primer lugar con representantes de organizaciones sindicales y después con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.
El primer encuentro estuvo marcado por la ausencia de la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, que decidió no acudir al considerar la convocatoria «una farsa» que, en su opinión, no sirve para modificar las partidas presupuestarias, y por la falta también de Comisiones Obreras.
La responsable de organización de CC.OO., Maica Bouza, indicó —consultada por Europa Press— que no participaron porque fueron convocados el martes y, después de avisar de que no podían asistir por citas médicas, no obtuvieron respuesta.
El conselleiro se limitó a asegurar que el proyecto cumplirá la regla de gasto y que volverá a hacerse sin recurrir al endeudamiento, lo que conlleva una «moderación» en el coste de los intereses.
Afirmó, a preguntas de los medios, que contemplará «alguna rebaja fiscal», como la ya adelantada sobre el material escolar, y aseguró estar «cerrando el mapa de incentivos fiscales».
Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Vieites, aplaudió la «buena orientación» de las cuentas, si bien reclamó que sean «amigables» con las empresas en materia fiscal. «No endeudarse es muy buena noticia», agregó.
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