El veto a las bebidas energéticas arranca con el apoyo de BNG y PSOE

La próxima semana el Parlamento iniciará la tramitación de una ley que comenzó a elaborarse en abril de 2021 y que hasta llegar a su redacción final ha sufrido innumerables modificaciones en sus borradores. Es la Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención das Conductas Adictivas que, como principales novedades entre las muchas que incorpora, tiene las de prohibir a los menores de edad la compra y el consumo de bebidas energéticas y de cigarrillos electrónicos, equiparando estos al alcohol y al tabaco, respectivamente.

La norma arrancará el martes su andadura en el Parlamento con el apoyo de BNG y PSOE a estos vetos, aunque este respaldo irá acompañado de duras críticas a la Xunta por su falta de ambición, concreción y compromiso, contar con un régimen sancionador desproporcionado o derivar a los concellos competencias que son propias de la Administración autonómica.

El PSOE ni siquiera ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley pidiendo su devolución a la Xunta con el objeto de que elabore un texto alternativo, que es el habitual comportamiento de la oposición. «No la presentamos porque el tema hay que regularlo, pero la propuesta hay que mejorarla mucho en el trámite parlamentario», indican fuentes del grupo socialista en la Cámara.

El BNG sí presentó esta enmienda a la totalidad, pero desde la formación nacionalista indican que también defienden el veto a los menores de las bebidas energéticas y de los vapeadores. Lo que pasa es que la ley de la Xunta les parece muy poco ambiciosa y excesivamente sancionadora, aunque compartan el objetivo final que se busca.

Las restricciones de estas bebidas a los menores han generado una reacción en bloque de los supermercados, las grandes cadenas de distribución, la patronal gallega o los fabricantes de bebidas energéticas contra la Xunta con el grito unánime de que «no son droga» y de que la prohibición de su consumo es «absolutamente desproporcionada».

Falta de recursos

«No se puede proteger la salud de las personas menores ni la prevención de conductas adictivas sin un aumento del número de pediatras, sin dispositivos de salud mental o sin disponer de un número de docentes adecuado», sostenía el pasado domingo la portavoz de Sanidad del Bloque, Montse Prado. El resumen es que la ley, aunque tenga un objetivo apropiado, su texto está falto de concreción, plazos y recursos.

Otra de las quejas de los nacionalistas es que, a su juicio, la Xunta pretende derivar a los ayuntamientos actuaciones que son de competencia autonómica, y que además se hará sin que estas medidas vayan acompañadas de partidas presupuestarias. Estas intervenciones serán de carácter sanitario y educativo e incluirán campañas de sensibilización, de promoción de un ocio creativo y saludable, sobre los perjuicios del consumo de alcohol, tabaco o las bebidas energéticas, la prevención del juego problemático o las acciones formativas del personal.

Otro de los motivos de la enmienda de devolución del BNG es que entiende que la norma está «estrictamente centrada en los aspectos de infracciones y sanciones en vez de la prevención». Considera que la multas son absolutamente desproporcionadas.

Por ejemplo, las sanciones por tomar una cerveza o un Red Bull o por inspirar un cigarrillo electrónico oscilarán entre los 200 y los 600 euros, pero quienes beban o estén en posesión de alcohol en la calle participando en un botellón subirán hasta los 15.025 euros.

El PSOE ya ni presentó la enmienda de devolución, aunque espera que a lo largo de la tramitación parlamentaria se introduzcan las pertinentes mejoras en una norma que, aunque compartan su objetivo final, está lejos de lo que anhelan los socialistas.

«Porque es vaga, inconcreta, poco comprometida y vacía de contenido y parece que se hizo para ganar impacto mediático y decir que el Gobierno gallego está haciendo cosas. Parece hecha a todo correr por oportunismo, y n tiene en cuenta asuntos fundamentales como, por ejemplo, ver el contexto socioeconómico como determinante para la salud, clave en los hábitos de consumo», indican desde el PSdeG-PSOE.

Tras el pleno del martes, se abrirá el proceso para que los partidos presenten enmiendas al articulado antes de su aprobación definitiva. Que al final, PSOE y BNG voten a favor de la ley dependerá de los cambios que se introduzcan.

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