El Gobierno endurece las exigencias para abrir universidades privadas

En la última década, la cifra de estudiantes que eligen universidades privadas en España se ha disparado un 129%, mientras los campus públicos apenas ganaron un 2%. Los datos, relativos al conjunto del Estado, los aportó ayer la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien advierte que el aumento de alumnado «lo están absorbiendo casi en exclusiva las universidades privadas», que ya concentran tres de cada diez matrículas, y su crecimiento sería «especialmente intenso en titulaciones de alta demanda o de carácter habilitante, como en ciencias de salud».

El mismo informe que maneja el Gobierno refleja que en 30 años, los campus privados se cuadriplicaron y ya son casi tantos, 46, como los públicos (50). Sin embargo, a partir de ahora será un poco más difícil para sus promotores sacar adelante proyectos de este tipo porque La Moncloa aprobó ayer el Real Decreto que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España. La normativa también afectaría a campus públicos, en aras, alega Morant, de «defender la calidad, equidad y prestigio del sistema universitario español». El objetivo es evitar la proliferación de «chiringuitos», sean virtuales o presenciales, como los denominó en su momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cuestión es a qué puede llamarse «universidad», como señala la ministra, y las nuevas reglas del juego establecen, entre otras condiciones, mayores exigencias que las que ya había fijado en 2021 el entonces ministro del ramo Manuel Castells. Entre ellas, según enumera el Ministerio de Ciencia y Universidades, se encuentra el que deberán contar al menos con una matrícula de al menos 4.500 estudiantes en hasta 8 años y ofrecer un mínimo de 10 titulaciones en grado, 6 de máster y 3 de doctorado de tres ramas distintas del conocimiento u ofertar plazas de alojamiento equivalentes al 10% de sus inscritos, una medida que pretende luchar contra la «falta de vivienda estudiantil» y que esta se convierta «en una de las principales barreras para la movilidad académica e igualdad de oportunidades», aduce Morant.

También se contemplan requisitos relativos al profesorado: al menos la mitad de la plantilla debe ser doctor y seis de cada diez integrantes disponer de experiencia «acreditada» en investigación.

Asimismo, se les pide acreditar su solvencia económica mediante un aval, invertir el 5% de su presupuesto en investigación y captar recursos externos equivalentes al 2 por ciento de sus cuentas. Universidades ha abierto la mano en lo tocante a las exigencias para los promotores y ahora solo pide experiencia «contrastable» en gestión universitaria al equipo directivo. Además, indicó Morant, «la autorización de nuevas universidades requerirá un informe vinculante de la Aneca o de las agencias de calidad autonómicas» elaborado por docentes independientes.