El Gobierno reformará las oposiciones de los altos funcionarios: pros y contras del nuevo sistema

«Tanto sacrificio, y ahora quieren cambiar las reglas». El funcionario del grupo A1 Miguel Ángel Santirso pide reformar el sistema de oposición para funcionariado con alta responsabilidad, pero con garantías. Predica con el ejemplo. Él lleva más de tres décadas en la administración pública. Es el actual tesorero de la Diputación de Pontevedra, puesto que ocupa desde hace 17 años, pero ha recorrido todos los peldaños del sistema: desde pequeños ayuntamientos en Castilla hasta grandes instituciones gallegas. Ocupó plazas en Guadalajara y Ávila, y en los concellos de Pontevedra, O Porriño y Nigrán. También ha tenido que volver a opositar para acceder al cuerpo superior de intervención y tesorería. «Ha sido una historia larga, pero desde abajo, desde lo más básico», resume.

Aprobó su primera oposición en 1988, tras estudiar Derecho y decidirse a preparar las pruebas junto a un grupo de compañeros. «Entonces no tenía cargas familiares y pude permitirme dedicar un año entero a estudiar. Pero no era fácil: si no contabas con ahorros o ayuda, era muy difícil sostener ese esfuerzo». El proceso incluía tres exámenes —uno oral que «ponía tan nerviosa a la gente que muchos ni se presentaban»— y un curso práctico en el Instituto Nacional de Administración Pública. «Había que estudiar ocho o nueve horas al día, siete días a la semana. Y si podías pagar un preparador, mejor».

Después accedió a la escala superior, lo que le obligó a examinarse de nuevo. «Había que preparar contabilidad, matemática financiera… y encontrar un preparador especializado a cien kilómetros de donde vivía», recuerda. Todo mientras ya trabajaba como secretario-interventor.

Hoy, con años de experiencia y próximo a jubilarse, Santirso reflexiona sobre el sistema y la reforma que prepara el Gobierno: un máster obligatorio de dos años, impartido por el Estado, seguido de un examen final para acceder a plazas A1 y A2. Aunque muchas asociaciones profesionales, sobre todo de judicatura, han rechazado la medida por considerar que pone en riesgo el mérito y la imparcialidad, él tiene una visión matizada.

«El sistema actual tiene virtudes, pero es insuficiente: se necesitan funcionarios para trabajar en equipo y en realidades complejas»

Miguel Ángel Santirso

— Tesorero de la Diputación

«No me parece mal que se reforme. El sistema actual tiene muchas virtudes, pero no es suficiente», explica. «Es objetivo, sí, pero no basta con memorizar un temario. La realidad exige algo más: saber trabajar en equipo, adaptarte a situaciones complejas, interactuar con políticos, sindicatos, vecinos… Eso no siempre lo enseña una oposición clásica».

Para Santirso, el volumen de dinero que gestionan hoy las administraciones locales y provinciales es mucho mayor que hace décadas, y con ello también las responsabilidades. «Una subvención que no se paga a tiempo, un contrato que se retrasa, un error en una liquidación… pueden tener consecuencias muy serias. Se exige mucho más, y con razón». Por eso cree que «formar mejor a quienes van a ocupar esos puestos es fundamental».

No obstante, advierte: «Ese máster del que se habla tiene que garantizar la objetividad y la libre concurrencia. Si se convierte en una vía opaca o cara, que solo puedan permitirse unos pocos o dependa de criterios poco claros, estaríamos ante un retroceso».

Recuerda que en su época los tribunales eran percibidos como rigurosos y justos. «Nunca escuché a nadie decir que suspendió por enchufe o favoritismo. Si no aprobabas, era porque no estabas preparado o te tocó un tema difícil». Por eso defiende que cualquier sistema nuevo «debe conservar ese espíritu». Miguel Ángel conoce el desencanto que muchos compañeros sienten ante las reformas. «Llevas años viendo cómo se anuncia el cambio y luego todo sigue igual». Mientras tanto, sigue trabajando con la misma intensidad: estadísticas, informes, procedimientos. «Hoy la ciudadanía exige calidad total. No vale con decir que haces lo que puedes. Quieren respuestas rápidas, atención eficaz, seguridad jurídica. Y eso requiere buena preparación». «Se trata de si queremos una administración mejor. Hacen falta conocimientos, pero también con competencias nuevas y una formación más cercana a la realidad».

En este contexto, el director general de oposiciones de «CEF.-», José Pedro Valero, analiza con cautela la propuesta de máster obligatorio de dos años para los subgrupos A1 y A2. «Estamos ante un documento de ideas», afirma.

Valero subraya que un sistema único para todos los cuerpos A1 y A2 no responde a las necesidades reales de la sociedad. Sin embargo, asegura que las academias y preparadores apoyan los cambios que ya se están produciendo, como la simplificación de procesos o la introducción de ejercicios progresivos que permiten conservar aprobaciones parciales de un año a otro.

Respecto al máster, advierte que «un máster requiere aprobación oficial, acreditación de institutos o universidades, y un profesorado mayoritariamente doctorado. La logística sería compleja y costosa». Además, plantea dudas sobre la financiación de los aspirantes durante ese período: «Si no eres funcionario hasta terminar el máster, ¿qué condiciones económicas tendrías? Eso no está claro».

«Se realizan ya programas como el máster en la Escuela Judicial, el Instituto de Estudios Fiscales o la Escuela de Función Pública»

José Pedro Valero

— Director general de oposiciones CEF.-

Recuerda que los funcionarios recién seleccionados ya realizan programas formativos en escuelas especializadas, como la Judicial o el Instituto de Estudios Fiscales, donde completan másteres de varios meses tras aprobar la oposición. Asimismo, la idea de un máster previo «aparece de manera cíclica cada dos años», y su implementación tardaría, de aprobarse, al menos cinco años.

Concluye que «aunque el documento contiene ideas útiles, su aplicación debe ser cuidadosa, sin perjudicar a los opositores presentes ni futuros. La Administración ya está simplificando procesos, incorporando más tests y casos prácticos, y ofreciendo becas. El modelo francés citado como referencia no difiere demasiado de lo que ya existe en España», sostiene. Para Valero, la clave está en adaptar las reformas a la realidad de cada cuerpo y mantener la estabilidad del sistema: «Se pueden extraer ideas y aplicarlas sin perjudicar a nadie. Ese debería ser el objetivo de cualquier cambio real».

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