Cifra récord de litigios contra la Xunta por el derribo de edificaciones ilegales

La Xunta se aplicó como nunca el pasado año para combatir las edificaciones ilegales en aquellos municipios que le delegan las competencias de control urbanístico y de reposición de la legalidad. Ordenó la demolición de 160 construcciones, la cifra más alta de los últimos seis años. Pero esta mayor actividad fue acompañada también de una intensificación de la litigiosidad promovida por unos particulares que se resisten a los derribos. Y es que 2024 fue el año con el mayor número de procedimientos judiciales impulsados contra la Aplu, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia. Se presentaron 414 recursos judiciales, que sumados a los tres años anteriores dan un total de 1.562.

Tan solo en otro año se superó la barrera de los 400 procedimientos judiciales, fue en 2022, cuando se llegó a los 406. En todos los demás siempre estuvieron por debajo de esta cifra. La Xunta admite que aunque la Aplu puede actuar como parte actora o recurrente a la justicia, esto solo se hace en contadísimas excepciones. De hecho, solo lo promovió en ocho ocasiones, por ejemplos, entre los años 2021 y 2024.

«Los procedimientos se corresponden casi en su integridad con acciones en las que los particulares recurren la actividad o la inactividad administrativa de la Aplu», indica la Consellería de Vivenda, de la que depende la agencia de control urbanístico.

Casi 3.000 recursos en ocho años

Entre los años 2017 y 2020 se presentaron 1.415 recursos, que sumados a los 1.562 de los ejercicios 2021-24 darían un total de 2.977, lo que da una idea de la resistencia que protagonizan los propietarios cuando la piqueta amenaza con demoler edificaciones que se levantaron sin licencia y en sitios prohibidos.

Pero por lo general, la Xunta sale victoriosa en estos litigios, pues todos los años la Aplu consigue un porcentaje de sentencias favorables que ronda el 90%.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística nació para echar una mano a los concellos y combatir, cuando a la administración local le resulta complicado o demasiado conflictivo con los vecinos, las obras ilegales a golpe de expedientes, multas y también excavadoras. Nació en el año 2008 con el bipartito y desde entonces no ha parado sumar adhesiones de ayuntamientos que les delegan las competencias, aunque cada vez más se hace a cuentagotas.

Vigilancia de la costa

En los últimos años se han intensificado las actuaciones para demoler edificaciones ilegales levantadas en la costa, bien en primera línea de playa o en la zona de servidumbre de protección por resultar muy atractivas no ya para levantar una pequeña vivienda prefabricada, sino para instalar una autocaravana, un galpón, una caseta con barbacoa o una piscina.

En el año 2020 no se realizaron intervenciones de este tipo por la pandemia. En 2021 se ejecutaron 8, para subir a 14 en 2022 y llegar a las 24 en 2023, reflejando estos números las más significativas de las demoliciones. Y en 2024, la Aplu ha ejecutado otra veintena de demoliciones.

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