Las empresas de toallitas financiarán los 16 millones que cuesta su saneamiento

Hay quien las usa para todo. Descubiertas —o al menos, mayoritariamente— por su uso en bebés, las toallitas húmedas se convirtieron en la solución de la década para cualquier imprevisto de todo tipo: de la limpieza corporal a la textil. Pasaron a ser un imprescindible en la mochila. Incluso para los viajes al campo. Y, de forma paralela, tirarlas luego de un solo uso y ya que albergan partículas de plástico en muchos casos, se ha convertido en uno de los principales enemigos del sistema de saneamiento urbano. ¿Por qué? Entre otros problemas medioambientales, porque acaban de forma incorrecta, desechadas en el inodoro.

Pues bien, en Galicia, el impacto económico de las toallitas húmedas está cuantificado: el sobrecoste derivado de los atascos y averías que provocan en las redes de alcantarillado y estaciones depuradoras se estima en hasta 16,2 millones de euros anuales, según datos de Daquas, la Asociación Española del Agua Urbana.

En una ciudad como Vigo se calcula que cada vecino genera hasta 10 kilos anuales

No solo eso. En una ciudad como Vigo, se calcula que llegan a recogerse 10 kilos de toallitas por persona al año en las depuradoras. El fenómeno no solo representa un problema ambiental, sino también un considerable gasto para las arcas públicas. Una carga económica que, hasta ahora, recaía directamente sobre los servicios públicos y, por tanto, sobre la ciudadanía, con un impacto estimado de entre 4 y 6 euros por habitante al año.

El nuevo decreto: los fabricantes pagarán los costes

Para revertir esta situación, el Gobierno central está ultimando un real decreto que obligará a los fabricantes de toallitas húmedas a hacerse cargo de los costes que genera la gestión de estos residuos. La norma, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), se encuentra en fase de consulta pública hasta el próximo día 27 y recoge que las empresas deberán asumir los gastos de limpieza, transporte, tratamiento y concienciación.

«Las competencias en materia de saneamiento son municipales y Augas de Galicia colabora con las entidades locales prestando asesoramiento en esta materia y ayudando financieramente para la ejecución de determinadas actuaciones en este campo así como gestionando algunas de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Galicia», explican desde la Consellería de Medio Ambiente. Consultados sobre esta temática, aluden a la «importancia de concienciar a la ciudadanía —responsabilidad de todas las administraciones— sobre el mantenimiento de hábitos y prácticas responsables para evitar incidencias cuyo coste podrían destinarse a otras cuestiones relevantes para los ciudadanos».

El impacto en las ciudades gallegas

La situación es especialmente grave en ciudades como Vigo, donde se calcula que cada vecino genera hasta 10 kilos anuales de residuos de este tipo, según datos de Daquas. Ese volumen termina en las estaciones depuradoras, donde obstruye bombas, tuberías y compuertas, multiplicando los costes de mantenimiento y tratamiento de aguas residuales. Este fenómeno, aunque más visible en grandes urbes, afecta por igual a poblaciones medianas y pequeñas, ya que las redes de saneamiento son más sensibles a obstrucciones puntuales.

En ciudades como A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense o Pontevedra, el sobrecoste anual vinculado a las toallitas puede oscilar entre los 700.000 y los 1,5 millones de euros, en función de la población y la configuración de su sistema de saneamiento. Según estimaciones del sector, estos residuos pueden suponer entre un 10% y un 15% del gasto total en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado y estaciones depuradoras.

En total, la presencia de toallitas en los sistemas de saneamiento eleva los costes de estos servicios entre un 10% y un 15%, lo que se traduce en un gasto anual estimado de 230 millones de euros en todo el Estado, según un informe de AEAS. Esta propuesta se enmarca en el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que establece que los fabricantes deben responsabilizarse también de la fase final de vida útil de sus productos, incluyendo los residuos que generan y sus consecuencias al medio ambiente.

Globos al viento: otro freno a un gesto contaminante

El mismo decreto también aborda un problema creciente: los globos que, tras ser soltados al aire en fiestas o eventos, terminan flotando en el mar o colgados en árboles, donde son ingeridos por aves marinas o especies como tortugas y peces, que los confunden con alimento. Solo en el litoral atlántico, se han documentado numerosas muertes de aves por ingestión de restos de globos.

A partir de la entrada en vigor del decreto, quedará prohibida la suelta intencionada de globos, y sus fabricantes deberán financiar la recogida y limpieza de los residuos generados por estos productos, en los mismos términos que las toallitas.

El borrador del decreto establece también que los fabricantes deberán financiar campañas educativas dirigidas a promover un uso responsable tanto de globos como de toallitas. Uno de los mensajes clave será recordar que las toallitas, aunque en muchos envases se vendan como «desechables», no deben tirarse nunca al inodoro. Los globos son otro elemento con contenido plástico, otro residuo con alto impacto ambiental, especialmente en ecosistemas marinos.

Ya que las campañas de concienciación no han sido suficientes, la combinación de medidas del nuevo decreto —financiación obligatoria, multas, control, prohibiciones— busca frenar esta deriva antes de que los costes se vuelvan inasumibles.

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