La mitad de las grandes concesiones de las ciudades opera sin contrato en vigor

En el año 2022 la Comisión Galega da Competencia (CGC) realizó un estudio sobre la situación de las concesiones de recogida de basura, abastecimiento de agua y transporte urbano en las siete ciudades gallegas, que a su vez formaba parte de otro informe nacional impulsado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los concellos gallegos no salieron muy bien parados en aquella ocasión. Ahora, se ha vuelto a repetir el mismo análisis y el resultado es peor todavía, pues la mitad de las grandes concesiones opera sin contrato en vigor. En concreto, diez de las 21 evaluadas.

La conclusión es rotunda: se habla de «fallos sistémicos» en la gestión de las concesiones, de «deficiencia estructural» y de uso abusivo e indebido de las prórrogas de los contratos que en algunos casos roza incluso la «infracción legal».

Datos del primer trimestre

En su informe, elaborado con datos recogidos en el primer trimestre de este año, la Comisión Galega da Competencia quiere dejar claras algunas consideraciones: que se trata de un análisis realizado por los técnicos y que, por tanto, no representa una «posición oficial» de la CGC, aunque refleje la situación real de los municipios, y que no se hace referencia a cada concello en particular para que eso no implique «juicio» sobre las administraciones o empresas concretas. «Es un análisis genérico de las prácticas de las siete ciudades gallegas», precisa.

Pese a estas cautelas, el corolario es muy crítico con el modelo de contratación de estos tres grandes servicios municipales. «El documento revela una deficiencia estructural en la gestión de las concesiones municipales en Galicia, basada en la prolongación excesiva e injustificada de contratos vencidos. Esto debilita el marco de competencia, contraviene las buenas prácticas de contratación pública y puede derivar en servicios ineficientes o anti económicos», se recoge en el informe.

Y es que de las 21 concesiones analizadas (recogida de basura, abastecimiento y transporte en cada una de las ciudades) en el primer trimestre de 2025, diez funcionaban sin contrato en vigor, otras cuatro operaban en régimen de prórroga, cinco tenían todo en regla y las dos restantes las prestaban sendas empresas municipales.

En transportes y suministro de agua hay tres concesiones sin contrato en cada sector, mientras que en la gestión de los residuos sólidos urbanos suman cuatro. Por tratarse de un informe técnico sin ánimo de enjuiciar, sino solo se reflejar la situación real, no se dan los nombres de los ayuntamientos.

Diagnóstico

Sin embargo, esto lleva a la CGC a denunciar «fallos sistémicos en la contratación pública municipal» que deben corregirse con urgencia, sobre todo también porque desde 2022 y pese a las advertencias de entonces, «casi no se implementaron mejoras significativas». Para ello, apela a una intervención «más decidida» de los órganos de control y a la «voluntad política» para revertir estas prácticas.

En el análisis de 2025 la Comisión Galega da Competencia se ha encontrado con «persistencia de muchas de las irregularidades» observadas tres años antes; pocas variaciones contractuales en la mayoría de los servicios; ausencia generalizada de consultas previas al mercado «como exige la normativa vigente» y escasa programación o publicación de nuevas licitaciones. «Estas prácticas generan un déficit de competencia, reduciendo la transparencia, la innovación y la eficiencia en la prestación de servicios públicos», se resume.

Y sobre todo, como gran anomalía, se aprecia un abuso de las prórrogas, «rozando en algunos casos la infracción penal», por los «efectos adversos» que genera. Entre ellos, desincentiva la entrada de nuevos operadores, reduce la calidad o genera dependencia estructural entre administración y contratista, lo que sumado a la falta de evaluación periódica de resultados se puede traducir en mayores costes para los ciudadanos y un peor servicio.

Ante este escenario, propone como receta para darle la vuelta a estas prácticas una mayor planificación, el cumplimiento estricto de los plazos, la publicidad anticipada de las licitaciones, un uso razonado de las prórrogas de los contratos, el fomento de la libre competencia y un mayor control institucional.

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