Galicia eleva a 305 millones el fraude sufrido por el cártel de los pañales

La trama corrupta que infló el precio de pañales para adultos durante casi dos décadas supuso un daño a las arcas públicas gallegas de 305 millones de euros, más de los 150 millones de fraude estimado en un primer momento por la Xunta. La Consellería de Sanidade ha completado el cálculo de la cifra al analizar los contratos desde 1996 a 2013 tras haber hecho una primera estimación entre 2004 y 2013. A nivel estatal, este cártel empresarial habría defraudado mediante un pacto al alza de precios al menos 1.700 millones de euros a 14 autonomías.

El caso se detectó en 2016, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 60 millones de euros a las empresas que habían urdido un plan para inflar tarifas tras la denuncia precisamente de una de ellas, Procter & Gamble, que entregó pruebas de esa trama al órgano regulador de una práctica puesta en marcha entre 1996 y 2013. Las firmas implicadas eran la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones Bages, además de Arbora & Ausonia (ahora Procter & Gamble, que denunció el caso para evitar el pago de la multa.

Estas firmas controlaban el 95% del mercado de pañales para adultos no hospitalizados, que están subvencionados mediante receta. Los tribunales dan por probado que pactaron elevar las tarifas alrededor de un 50% desde 1996, aunque desde el año 2010 el Gobierno rebajó los precios un 20%, uno de los recortes aplicados por Zapatero, primero, y Rajoy, después, para embridar el gasto público en medio de la crisis financiera mundial causada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en 2008.

“Es indiscutible la voluntad conjunta de hurtar, precisamente a la Administración, en cuya actuación se supone que confiaban, el conocimiento de los acuerdos adoptados y que suponían un importante incremento del precio que, a la postre, había de sufragar la Administración misma”, estableció en una sentencia en el año 2022 la Audiencia Nacional.

La Xunta movió ficha como una de las afectadas, junto a Cataluña, Andalucía, País Vasco, Madrid, Murcia, Baleares, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Navarra. El año pasado estudiaban el caso por si también habían sido víctimas Cantabria, Canarias y La Rioja.

Galicia envió en enero del año pasado una reclamación por vía administrativa a las empresas del cártel para “interrumpir la prescripción” del caso y comenzó a preparar la demanda judicial. Su primer cálculo del posible fraude ascendía a 150 millones de euros tras analizar las compras de pañales entre 2004 y 2013, como adelantó FARO. Los trabajos a partir de 1996 le llevaron más tiempo. “En los últimos meses, la Consellería de Sanidade trabajó en la recopilación de los datos de todo el período sobre el que no tenía información de la facturación de los absorbentes. Este trabajo dio como resultado que para todo el período desde 1996 a 2013 un importe de 305 millones de euros”, revelan desde el departamento dirigido por Antonio Gómez Caamaño.

“Ahora, la Xunta trabajará para organizar la defensa jurídica para la presentación de la reclamación por vía judicial”, finalizan desde Sanidade.

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