Los sindicatos educativos van a la Justicia para exigir cumplir las ratios en las aulas gallegas
Avisan que recurrirán a todas las medidas para que la Xunta asuma el pacto de mejora
Julio Díaz (Anpe), Sandra Montero (UGT) y Borja Campos (CC OO) en Santiago. / FDV
En octubre de 2023 tres de los sindicatos educativos con presencia en la Mesa Sectorial —Anpe, UGT y CC OO—, pero con la ausencia de la CIG, rubricaron con la Xunta el Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo, un pacto que el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, definió como «histórico». El trato incluía una reducción progresiva de las ratios de las aulas y que niños con necesidades especiales computasen más a la hora de calcularlas, además de un plan para rebajar la carga burocrática de la que se lamentan los docentes.
No obstante, la paz firmada entre la Consellería de Educación y los sindicatos firmantes ha estado salpicada de quejas por parte de los representantes del profesorado, que denunciaron al principio de curso «disfunciones» en la aplicación del acuerdo que ya entonces los llevaron ante la Valedora do Pobo. El pasado abril volvían a advertir, como ahora, que la aplicación del documento se veía «obstaculizada y atrasada» por la Ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas y avanzaban que, de hacer falta, recurrirían a los tribunales. Este martes finalmente dieron ese paso, presentando un recurso contencioso-administrativo contra lo que denuncian como «incumplimientos» del departamento que dirige Román Rodríguez.
Una aplicación "íntegra"
El objetivo de la demanda judicial, proclaman, es la aplicación «íntegra» de las medidas recogidas en el acuerdo relativas a ratios, desdoble de aulas y dotación de profesorado de apoyo. Según Anpe, UGT y CC OO, de aplicarse el acuerdo «tal y como fue firmado», los colegios e institutos gallegos deberían contar este curso con 952 docentes más y no solo con los 556 que se habían sumado el curso previo. Entre los «principales incumplimientos constatados», mencionan también las ratios, con 110 centros afectados, o el cómputo doble o triple del alumnado con discapacidad, dependencia y/o trastornos graves de conducta, «que supera la ratio máxima», un incumplimiento que se detecta, dicen, en 67 centros.
Un caso similar en la Comunidad Valenciana
Borja Campos, por CC OO, Julio Díaz, por Anpe, y Sandra Montero, por UGT-SP, que le recordaron a Rueda que él mismo rubricó el acuerdo, de modo que le aconsejan que «deje un poquito la bicicleta y dedique un tiempo a ver lo que firma», creen que la Xunta no quiere cumplir el acuerdo, pero confían en la Justicia. En la Comunidad Valenciana una sentencia les da la razón a los sindicatos en un caso similar.
No obstante, las organizaciones firmantes del acuerdo tampoco quieren renunciar a él. Retirarse, avisan, podría suponer perder 556 docentes, suprimir hasta 204 aulas que se mantuvieron abiertas gracias al pacto o la vuelta a 25 alumnos en Infantil y Primaria.
La Xunta alega una «mejora sin precedentes»
Frente al movimiento de los tres sindicatos, fuentes de la Consellería de Educación defienden que su «compromiso» con el acuerdo firmado «es firme y claro y está suponiendo una mejora sin precedentes en la enseñanza gallega». Con todo, advierten que la aplicación debe ser «gradual». «Galicia emprendió un camino que no tiene vuelta atrás», proclaman, aludiendo, primero, a que es la comunidad y su Ejecutivo el que impulsa las medidas, frente a la «parálisis» del Gobierno central, y a que estas están «blindadas por ley» y «con calendario de aplicación».
Desde Educación apelan a los datos «incuestionables» del curso actual, «con menos alumnos, tenemos más docentes que nunca» y con el inicio de la mejora de ratios en 4º de Infantil que proseguirá «de forma paulatina curso a curso». Además, apuntan que el acuerdo permite mantener abiertas 900 aulas en los tres próximos cursos pese a la caída demográfica, «dar una atención más personalizada al reducirse la cifra de estudiantes por aula y reforzar la carrera profesional docente con un incremento salarial».
La Xunta sostiene que «los propios sindicatos reconocen que el acuerdo supuso ya una gran mejora y solo discrepan del ritmo de aplicación». «Ellos», advierte la Xunta, «querrían que sea de golpe en un curso, pero el sistema educativo necesita un calendario gradual para asumir cambios de organización tan potentes, los mayores que hicimos en los últimos 30 años» y que «así se planteó desde el primer momento».
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