El empleo público temporal se atasca en el 30%, pese a la reforma para reducirlo

En abril del año 2018, el entonces conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, justificó los contratos por días en el sistema sanitario como mecanismo para garantizar la continuidad del servicio ante bajas laborales y vacaciones. «El Sergas necesita contratos por días; hay que pasar por esa fase inestable para lograr plaza», dijo entonces. Años después, la Consellería de Facenda también justificó el sistema de listas de contratación temporal para reaccionar ante ese tipo de ausencias de trabajadores.

Pero la Unión Europea le dio un tirón de orejas a España por la alta temporalidad en la administración y el Gobierno central reaccionó en 2021 con una ley que entró en vigor pocos días antes de iniciarse 2022 con el compromiso de reducir la temporalidad al 8% en un plazo que finalizó el pasado 31 de diciembre. Y ha fracasado en su objetivo, lo que puede acarrear sanciones por parte de Bruselas.

Galicia presenta una tasa de temporalidad en el empleo público del 29,8% en el primer trimestre de este año, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra se ha atascado en comparación con el sector privado, a pesar de los compromisos con Europa, que podría abrir un procedimiento sancionador a España por esta circunstancia.

Los datos ilustran las diferentes velocidades en los sectores público y privado. En el primero, la temporalidad apenas ha variado. En el último trimestre de 2021, cuando se aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la temporalidad era del 28,8%, que al cierre del primer trimestre de este año es del 29,8. En el sector privado, sin embargo, se pasó del 22,9% al 9,6%, de acuerdo con los datos de la EPA.

A nivel estatal, la evolución es similar, pasando del 23,5% de temporalidad en el sector privado a finales de 2021 al 11% en la actualidad, mientras que en la esfera pública la situación es similar a la gallega. Del 31,2% de temporalidad al cierra de 2021 se ha pasado al 28% actual.

Sanidad, educación, servicios sociales y justicia son los ámbitos donde la temporalidad no solo es más alta, sino más difícil de atajar. El Servizo Galego de Saúde (Sergas), por ejemplo, suscribió el año pasado 125.000 contratos de sustitución, lo que supone una media de 14 por hora, incluyendo las noches en la estadística.

A esta cuestión se añade también el ámbito municipal, que en 2022 estimaba que la reforma contra la temporalidad obligaría a convertir en trabajadores fijos a 7.000 trabajadores.

«Niveles tan altos de empleo público temporal no son buenos», apuntaba entonces Alberto Vaquero, profesores de la Universidade de Vigo y miembro de la Red Localis.

El Gobierno central pretende atajar esta cuestión fuera de plazo y el Ministerio para la Transformación Digital, que engloba la Secretaría de Estado de Función Pública, trabaja en un plan para cumplir con los objetivos comprometidos hace tres años y medio, según El País. Quiere poner en marcha un registro de los trabajadores temporales con una alarma cuando estos estén a punto de expirar.

Suscríbete para seguir leyendo