Galicia lidera el negocio del aire limpio: la mitad de proyectos y de absorción

La venta de aire limpio constituye una nueva vía de potenciales ingresos para el sector forestal gallego, una alternativa sostenible como mecanismo para rentabilizar el monte. Y Galicia se sitúa a la vanguardia en España en este nuevo negocio consistente en la venta de la capacidad de absorción de dióxido de carbono (CO2) para que las empresas compensen su huella ecológica, dentro del intento por parte de la Unión Europea de caminar hacia una economía más verde para frenar el impacto del cambio climático.

La comunidad acapara el 52% de todos los proyectos estatales y solo este año ha añadido 53 planes de los 136 registrados en el sistema del Ministerio de Transición Ecológica. En total, Galicia cuenta con 579 de los 1.113 existentes en toda España. Además, ha sumado 439.342 toneladas a su potencial de absorción hasta alcanzar las 5.661.618, una cifra que representa el 57% de los 9,8 millones de toneladas que captarán de la atmósfera todos los planes inscritos hasta ahora.

Este sistema parte de un idea similar al mercado de derechos de carbono obligatorio para las empresas más contaminantes, que deben pagar para compensar sus emisiones, caso de la refinería de Repsol en A Coruña o, hasta su cierre hace dos años, la térmica de As Pontes.

En paralelo, existe un mercado voluntario para las empresas contaminantes que quieren compensar su huella de carbono, bien por conciencia medioambiental bien por responsabilidad social corporativa. Estas firmas pueden adquirir la capacidad de absorción de CO2 de montes en función de la especie plantada en ellos, lo que ofrece una fuente nueva de ingresos para los dueños, si bien existen limitaciones a las fincas que desean participar en este negocio.

Pueden inscribirse en el registro estatal parcelas de montes quemados o aquellos donde se procediera a una reforestación pero que estuvieran desarboladas desde 1989, aunque desde la Xunta exigen al Gobierno que se incluyan también los montes que cuenten con instrumentos de ordenación forestal, lo que ampliaría mucho más el abanico de potenciales beneficiarios.

El mecanismo consiste en que la empresa paga por la capacidad de dióxido de carbono que podrían capturar los árboles en esas parcelas, en función de la especie arbórea y la superficie del terreno. El precio varía también, con alrededor de 50 euros por tonelada en el caso de frondosas de crecimiento lento y, por tanto, con mayor tiempo para generar ingresos y los entre 20 y 30 de eucaliptos, de crecimiento más rápido.

El sistema ofrece rendimientos a largo plazo, como todo en el monte. Se trata de proyectos de entre 30 y 50 años, periodo durante los que no se pueden cortar los árboles para vender, solo realizar trabajos de mantenimiento y ordenación de la masa forestal. Aun así, al inscribir el proyecto los dueños de las parcelas pueden recibir un adelanto equivalente al 20% de las toneladas de CO2 que puedan absorber.

Los 5,6 millones de toneladas registrados en Galicia constituyen un potencial negocio de 115 millones de euros y las parcelas que gestiona la Asociación Forestal de Galicia ya han comenzado a recibir ingresos con casi 5 millones.

La Xunta quiere impulsar un mercado propio con una regulación autonómica, si bien es el ministerio el que controla el registro estatal. Se trataría de un modelo paralelo para facilitar el negocio, no para competir.

La Consellería de Medio Ambiente incluso una calculadora para cuantificar su huella ecológica y poder actuar para compensar ese impacto. Se trata de una plataforma que forma parte de la segunda estrategia de la Xunta contra el cambio climático.

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