La victoria judicial de la madre del joven de Dumbría arrollado por un turismo en 2020: «La actual ley hace de este país el paraíso de los delincuentes viales»

«Mi hijo solo ha podido cumplir 20 años, tres meses y 21 días». Este es el grito en silencio que desde hace casi cinco años acompaña a Pilar, pero con el paso del tiempo le ha dado fuerzas para hacerlo público y recorre redes sociales, medios de comunicación y administraciones. La madre de Josep Boan, un joven catalán con origen gallego que falleció en agosto de 2020 tras ser arrollada la moto en la que viajaba por un turismo en Dumbría, tocó fondo en el pozo de las víctimas de tráfico. Con el paso del tiempo ese dolor le ha dado fuerza para alzar la voz y exigir cambios en la legislación española: «No pude hacer nada para salvar a mi hijo, pero me niego a pensar que lo que le hicieron fue por nada. Nunca he buscado un por qué, sino un para qué. Y lo he encontrado: Josep ha de conseguir que se modifique la maldita ley que hace de este país el paraíso de los delincuentes viales».

De su reclamación acaba de hacerse eco Junts per Catalunya con la presentación en el Congreso de una iniciativa para reformar el artículo 379 del Código Penal. De la mano de la diputada Marta Madrenas, Junts reclamará una rebaja del actual límite punible de 80 km/h en vías interurbanas y 60 km/h en vías urbanas sobre la velocidad permitida, a 30 km/h en urbanas y 50 en interurbanas, «con penas de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años». Para el partido promotor de esta revisión del artículo 379 del Código Penal, los actuales límites de velocidad punibles suponen «a todas luces, una permisividad o laxitud excesiva».

«Esta desproporción entre la conducta peligrosa y la respuesta penal pone en riesgo a los usuarios vulnerables de la vía, como peatones, ciclistas y menores, al no ofrecer una protección adecuada», recoge la iniciativa ya registrada en el Congreso de los Diputados. A modo de ejemplo, especifica Junts, el límite punible actual supone circular en vía urbana —centro de la ciudad o casco urbano— a una velocidad superior a los 90 kilómetros por hora.

«En países del entorno europeo, como Francia, Italia o Portugal, el exceso punible es de 50 y 30 km/h, respectivamente», detalla Pilar Rosanes. «Ese artículo 379 es el que permite evitar la concurrencia de conducción temeraria en los homicidios viales como el de mi hijo. El conductor que lo mató invadió su carril al querer trazar una curva a un mínimo de 126 kilómetros hora, cuando el límite era de 70», relata casi cinco años después de la muerte de Josep. El responsable fue condenado a dos años por homicidio «imprudente» grave —censura ese término Pilar—, pero por esa velocidad «imposible» que fija el actual Código Penal, el homicida que mató a su hijo («y tantos otros», dice) no ingresó en prisión.

Y es que, en realidad, la práctica totalidad de los condenados por delitos de tráfico que acaban entre rejas son multirreincidentes —que acumulan varias penas—, mientras que los casos de homicidas en prisión son excepcionales —deben concurrir varios delitos de tráfico en un siniestro grave—. A modo de ejemplo: el año pasado fueron juzgados en Galicia casi 5.200 delitos contra la seguridad vial, según datos de la Fiscalía Superior, pero a cierre de 2024 estaban en alguno de los penales gallegos 171 conductores, tal y como avanzó la Secretaría General de Institucional Penitenciarias a este periódico. Estas cifras revelan que poco más del 3% de los condenados por infracciones penales al volante en la comunidad gallega acaba en prisión. El resto de las penas se resuelven con una multa o trabajos comunitarios.

El primer golpe de las víctimas es afrontar la muerte de su padre, madre, hijo… en el asfalto. Josep solo tenía 20 años y le quedaban «muchos sueños por cumplir». «El conductor del turismo obvió tres señales. No levantó el pie del acelerador. No frenó. Y al llegar a la curva, el vehículo que conducía invadió el carril por el que circulaba mi hijo. Y tras Josep circulaba su padre, que vio horrorizado como un misil impactaba contra la moto que conducía nuestro hijo. Y volvió a casa sin él», relata en el escrito con el que Pilar inició en febrero de 2023 una campaña de recogida de firmas para pedir que se endurezcan las penas a los delincuentes viales.

Cuando todavía la familia no había superado el duelo, vino la sentencia —que no se dictó hasta diciembre de 2022— por la que se condenaba por homicidio imprudente al joven conductor que invadió el carril contrario al menos a 126 km/h en una curva limitada a 70 km/h. Le impusieron dos años de cárcel pero al carecer de antecedentes eludió el ingreso en prisión: «Con esta sentencia han matado de nuevo a mi hijo», lamentaba entonces Pilar en declaraciones a este periódico. Aunque la juez concluye que el homicida «omitió las más elementales normas de precaución y cautela», y certificó que se produjo un «exceso de velocidad», la condena se quedó en dos años de cárcel y la retirada del carné por tres años y medio. Tanto la familia como la Fiscalía reclamaban 4 años de cárcel y 6 de retirada del permiso de conducir.

Apenas un año después de esta sentencia, en octubre de 2023, llegó nuevo mazazo para la familia. Una factura a nombre de Josep en la que el Consorcio de Bomberos, en una notificación remitida a través de la Diputación de A Coruña, le reclamaba el pago de la limpieza de la vía: 485,5 euros. «Nos han roto de nuevo el corazón», lamentaba Pilar entonces en una carta a este diario tras reconocer la Administración que se había tratado de un «error» y que sería subsanado. Pero el «dolor infinito» y la «humillación intolerable», exponía Pilar, ya les había golpeado de nuevo.

En estos casi cinco años, su lucha diaria se centra en un objetivo: modificar el Código Penal para endurecer las penas contra los conductores temerarios. Pilar busca reducir la velocidad punible y garantizar que quienes provocan víctimas mortales en la carretera no eludan la prisión con condenas inferiores a dos años, como ha ocurrido con el caso de su hijo. Las redes sociales, los medios de comunicación y las administraciones han sido testigos de la batalla de las víctimas de tráfico, que se niegan a que la muerte de sus hijos, padres o hermanos queden impunes. Con el apoyo de colectivos y familias que han sufrido pérdidas similares, la propuesta cobra fuerza y se instala en la agenda política. Ahora, la discusión se traslada a la Cámara Baja, donde la necesidad de un cambio en el Código Penal en materia de tráfico se enfrenta al análisis y posicionamiento de los grupos parlamentarios. Para Pilar, la justicia no es solo una cuestión de leyes, sino de memoria y compromiso. Su hijo no volverá a estar «físicamente», pero quiere que su legado ayude a evitar nuevas tragedias en las carreteras de España.

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