Los concellos, bajo la lupa por vertidos: suman en un año un 24% más de multas

A golpe de sanción, la Administración combate cualquier amenaza que turbie las aguas de la comunidad. No hay día en que no salte la alarma por un vertido en los ríos o zonas costeras. Los que están dentro de los límites de carga fijados por ley no suponen peligro, pero los contaminantes y los ilegales —aquellos que se realizan sin la autorización pertinente por parte de la Xunta— dejan un reguero de expedientes sancionadores a ayuntamientos, empresas y particulares. El 80% de los casos evaluados el año pasado por Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, acabaron en multa y del total, más de un 60% tenían como titular del expediente un concello, un 32% iban dirigidos a empresas y un 6%, a ciudadanos particulares.

El refuerzo de los controles por parte de la Xunta se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores y, en consecuencia, de las multas y el importe recaudado. En solo un año, las sanciones por vertidos ilegales o tóxicos impuestas a ayuntamientos gallegos repuntaron un 24%, al pasar de 50 en 2023 a 62 el ejercicio pasado, según datos facilitados por Augas de Galicia. En el caso de las multas a empresas por descargas contaminantes o no autorizadas, el incremento roza el 70% —de 19 se pasó a 32— y las impuestas a particulares repuntaron un 20% —6 firmes el año pasado, una más que el ejercicio anterior—.

Corrientes de espuma que tiñen de blanco el cauce de un río, playas o zonas costeras; agua turbia o con cambios de color; una película viscosa o iridiscente; cambios en la vegetación cercana, olores fuertes y desagradables... Son las evidencias que dejan los vertidos de aguas residuales de una depuradora municipal o procedentes de una industria, los purines desechados por una explotación ganadera, los restos de disolventes o aceites y los residuos sanitarios, entre otros. Se trata de descargas que no solo amenazan la calidad del agua de ríos, playas o zonas costeras, sino que afectan la biodiversidad, la salud pública y las actividades económicas como la pesca y el turismo.

Desde que hace 13 años, la Xunta puso en marcha una red de control en tiempo real de la calidad de las aguas, las inspecciones se multiplicaron y la detección y alerta en caso de incidencia es inmediata. Con cada aviso de vertido que llega de las zonas de dominio público hidráulico (ríos) o marítimo-terrestre (costa), Augas de Galicia analiza su composición y nivel de toxicidad.

Medio millar de expedientes de sanción al año apenas frenan los vertidos contaminantes

Bajo la premisa de Quien contamina, paga, las pesquisas en los puntos de vertidos detectados en ríos y costas de Galicia permitieron la resolución el año pasado de 125 expedientes sancionadores, casi un 20% más que los 105 de 2023. Los procedimientos resueltos en 2024 derivaron en un total de 100 sanciones, lo que supone un incremento del 35% respecto al ejercicio anterior (74). Si se comparan las tasas sancionadoras de ambos ejercicios se aprecia un aumento de 10 puntos en 2024, ya que en 2023 siete de cada diez expedientes resueltos acabaron en multa y el año pasado, se elevaron al 80%.

Los concellos se mantienen como los principales responsables de estos procedimientos. Como consecuencia de un inadecuado saneamiento de las aguas residuales domésticas, afrontaron 62 de las 100 sanciones impuestas por Augas de Galicia en 2024, lo que arroja una tasa sancionadora sobre los expedientes abierto a las administraciones locales del 80%. Le siguen con 32 multas las empresas de un total de 38 resueltos. Es decir el 84% de los procedimientos sancionadores a compañías que se resolvieron en 2024 finalizaron en multa. A los particulares, le impusieron 6 sanciones (el 60% de los casos que afectaban a ciudadanos que se resolvieron el año pasado terminaron con penalización económica).

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