Vivenda pide cambios a A Coruña en su plan para poner tope a los alquileres

La Xunta ha enviado un requerimiento al Concello para que corrija su solicitud de declaración de zona tensionada por el precio de la vivienda y pueda continuar con el trámite. En su comunicación, la Consellería de Vivenda señala que la documentación presentada está «incompleta», por lo que pide que subsane errores de su propuesta inicial, pero indica que «se dan los supuestos previstos» en la Ley de Vivienda para que A Coruña «pueda solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado». Esto permitiría congelar los alquileres ya existentes e imponer a parte de los propietarios un límite de precios.

Entre otras correcciones, exige más concreción sobre medidas correctoras que se proponen, un calendario de actuación y documentación homogénea para apreciar la evolución del crecimiento acumulado de la compra o alquiler de vivienda en A Coruña.

El Concello cree que «la Xunta no quiere contener los precios del alquiler y pone trabas a la declaración de zona tensionada». «La Xunta dijo desde el minuto uno que no le gustaba esta ley y que no pensaba aplicarla. Lo que están haciendo es torpedear los intentos de aplicar medidas para limitar los precios del alquiler», exponen fuentes municipales, que acusa al Ejecutivo autonómico de «poner palos en las ruedas a las administraciones que actúan para que la vivienda sea un derecho». Sin embargo, el Gobierno local asegura que responderá a «todos los detalles técnicos», aunque considera que detrás de este requerimiento hay una falta de «voluntad política» para aplicar la ley.

Los técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) informaron de que detectaron «deficiencias» en la solicitud presentada, como memorias sin firmar o cifras del parque público incorrectas. Así, en su requerimiento, que no rechazo de la petición, Vivenda expone que los datos aportados «no son homogéneos» en cuanto al período temporal al que se refieren y a su ámbito territorial. «El periodo temporal que se toma como referencia para apreciar la evolución del crecimiento acumulado del precio de compra o alquiler de vivienda no cubre los cinco años anteriores a la declaración de zona de mercado residencial tensionada, sino que se tienen en cuenta datos correspondientes a periodos distintos», según recoge el informe autonómico. Una falta de homogeneidad, indica, que se puso de manifiesto en el trámite de información pública «sin que conste en el expediente una respuesta suficientemente motivada a las alegaciones formuladas».

También solicita al Concello una mayor precisión o concreción de las medidas correctoras que se plantean, pues entiende que son «muy genéricas». El Ejecutivo municipal acompañó su petición de un plan para bajar los precios con diferentes medidas como construir vivienda pública, otorgar ayudas a la rehabilitación o movilizar pisos vacíos. La Xunta avisa de que se necesita una mayor concreción e indica que una parte importante de estas medidas ya existen. «El proyecto de plan debe incluir un calendario de implantación de medidas propuestas», añaden.

Apunta, además, que la enumeración de los efectos de la zona de mercado residencial tensionado «debe completarse con una estimación económica de la disminución del importe de las rentas que supondrá la declaración». La Xunta ve en la propuesta inicial otros fallos, como la falta de respuesta a las alegaciones presentadas durante un trámite de información pública cuya realización tampoco está acreditada. El Concello tampoco envió la memoria justificativa definitiva. Vivenda le solicita que en esta incluya los criterios para la definición de gran tenedor de vivienda.

Una vez se subsanen estos errores, según la Xunta, se analizará toda la documentación y se podrá proceder a la declaración de zona tensionada en un plazo máximo de seis meses.

Desde que inició este trámite, A Coruña ha defendido que cumple con los dos requisitos de la Ley de Vivienda: que el coste de la vivienda —hipoteca o alquiler— y los gastos superen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler experimentase un crecimiento superior al 3% del IPC en los últimos cinco años. Según el informe municipal, la ciudad cumple con los requisitos en el 50% de los distritos y en el 70% de las secciones censales.

Tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, manifestaron en varias ocasiones su rechazo a la Ley de Vivienda y a las zonas tensionadas porque, entienden, el problema de la vivienda en Galicia «no pasa por poner tope al alquiler». Pero ambos avanzaron que si algún concello la pedía y cumplía las condiciones, le sería reconocida por la Xunta.