Nuevo choque entre Xunta y Gobierno por dependencia, vivienda y plan eólico
El Estado se opone a la repotenciación de parques y a exigir la venta del 50% de la energía a consumidores locales
Se abre una negociación como paso previo a acudir a los tribunales
Parque eólico en A Estrada. / Julián Vázquez
El acuerdo suscrito este lunes entre Xunta y Estado para la cesión de las competencias en materia de costas ha sido solo una pequeña tregua en una relación cada vez más tensa entre ambas administraciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez disiente de varias de las medidas estrella recogidas por el Gobierno gallego en su Lei de Orzamentos para este año y en la Lei de Medidas Fiscais que la acompaña. Pone en cuestión un total de 9 artículos. Considera que son inconstitucionales y como paso previo a llegar a los tribunales ha abierto negociaciones con Galicia para intentar alcanzar un acuerdo. El conflicto afecta a los planes de la Administración autonómica respecto al sector eólico, a las medidas para facilitar la construcción de vivienda pública y al plan de choque para agilizar la dependencia, entre otros asuntos.
Eólico
El Gobierno central se opone a la repotenciación de parques que pretende impulsar Galicia —reducir el número de aerogeneradores sustituyendo los viejos por otros más modernos con mayor potencia—. Según explica la Xunta, el Estado alega que esta medida es «económicamente gravosa para las empresas». También discute la obligación impuesta por la Xunta a los nuevos promotores eólicos para que vendan el 50 por ciento de la energía a consumidores locales e industriales. Otro de los puntos de fricción es que Galicia tenga competencia para permitir, en determinadas circunstancias, la implantación de eólicos fuera de las áreas de desarrollo perimetradas o que los parques de competencia estatal —los de más de 50 megavatios de potencia instalada— tengan que respetar las normas de ordenación territorial de la comunidad autónoma. Por último, se discute que la Xunta pueda aplicar zonas de aceleración de renovables, zonas prioritarias en las que se podrán dar permisos exprés para la instalación de molinos.
Dependencia
Xunta y Gobierno deberán sentarse a negociar también las medidas incluidas en el plan de choque lanzado por la Consellería de Política Social para agilizar la atención a dependientes. En concreto, el Ejecutivo central discute que a los dependientes se les reconozca automáticamente un grado de discapacidad.
Vivienda
Dos son los artículos de la Lei de Medidas Fiscais de 2025 sobre los que hay discrepancias. Afecta a un mecanismo habilitado por la Xunta para agrupar o separar parcelas con el fin de obtener suelo para edificar vivienda. El otro es mucho más amplio y contiene todo un conjunto de medidas para impulsar la construcción de pisos públicos, se declara que la protección de estos inmuebles será «permanente» y se regulan los alojamientos compartidos para jóvenes.
Plantilla
Para solventar las carencias de personal en algunas áreas, la Xunta en su Lei de Orzamentos habilita una vía para cubrir vacantes con personal laboral temporal o funcionario interino para atender necesidades urgentes e inaplazables y a recurrir a sustitutos. A esta regulación el Gobierno también pone objeciones.
Maltrato animal
El Ejecutivo rechaza también que un titular de una explotación ganadera puede ser inhabilitado por maltratar a un animal, tal y como reguló la Xunta.
«Se aplica a Galicia una vara de medir distinta a otras autonomías cercanas al Ejecutivo central»
Las pegas que el Gobierno ha puesto a varias de las medidas legislativas impulsadas por la Xunta para este año han generado un nuevo enfado en la Xunta. Desde la Consellería de Presidencia ponen énfasis sobre todo a los obstáculos que el Estado pone a su normativa energética. «Se nos aplica una vara de medir distinta a la de otras comunidades más próximas políticamente al Gobierno central», lamentan.
Así, explican que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende que Galicia «renuncie» a que los parques energéticos se traduzcan en beneficios sociales y económicos para las comunidades locales afectadas», pese a que esta medida está contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. «Y llama la atención que el Gobierno no discutiese medidas mucho más intervencionistas en este mismo sentido en Navarra o Baleares», alegan.
Respecto al rechazo a las repotenciaciones, la Xunta explica que el Ejecutivo central alega que son «gravosas» para las empresas, pero «no lo acredita». «Y en su escrito el Gobierno cita normativa estatal que puede avalar perfectamente esta medida», añaden.
En opinión de la Consellería de Presidencia, el Gobierno de España actúa «siguiendo intereses que no coinciden con el interés general». «Están dificultando que el despliegue de energía limpia pueda repercutir en beneficios económicos y sociales para los vecinos de las zonas donde se instalan los parques y obstaculizan que Galicia pueda contribuir al objetivo de autonomía energética marcado por la UE», lamentan.
Censuran además que se pongan trabas a «simplificar la construcción de vivienda pública y el acceso a un techo» y dificulten el acceso a un grado de discapacidad si se es dependiente.
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