Casi la mitad de ayuntamientos gallegos no puede funcionar solo con sus ingresos

Los ayuntamientos suman años alertando de que las competencias impropias y cuestiones como el encarecimiento del servicio de ayuda en el hogar (SAD) lastran sus cuentas, hasta el punto de que 147 ayuntamientos gallegos ya incumplen con el principio de estabilidad presupuestaria, mostrando la incapacidad de sus ingresos para afrontar sus gastos.

El informe de Fiscalización de la Conta Xeral de las entidades locales de Galicia correspondiente al ejercicio 2023 elaborado por el Consello de Contas revela que la viabilidad financiera de las entidades locales no es tan boyante como el balance general parece mostrar. De los 313 concellos de la comunidad, 147 cuentan con más gastos que ingresos y presentan déficit; de ellos, 23 se encuentran en una «situación financiera comprometida», al presentar cifras negativas tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes.

La deuda es el recurso necesario en estos casos para cuadrar balances, aunque las entidades municipales gallegas son las que menores cargas con los bancos presentan de toda España con una cuantía media de 191 euros por habitante.

Por ciudades, Contas destaca en rojo solo dos casos: A Coruña y Lugo, ambas gobernadas por el PSdeG. Estas presentan un balance negativo de 9,2 y 0,8 millones, respectivamente. En el primer caso, el concello herculino “puede entrar en una situación que comprometa su viabilidad”, mientras que en el segundo el informe conmina al concello a “adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de sus gastos corrientes sin necesidad de acudir a mecanismos excepcionales de financiación”.

Contas traza una radiografía de las finanzas municipales en Galicia que deja luces y sombras. Por un lado, destaca que se trata de los segundos que más dinero invierten de España, dedicando a obras el 20% de su presupuesto, un dato que contrasta con el 3% de la Xunta: 673,9 millones de euros frente a 420,7, respectivamente.

También el gasto social en medidas como becas o comedores sociales es de los más altos —el cuarto, en concreto— con algo más de 205 euros por habitante de media, a pesar de las quejas por falta de financiación procedente de la Xunta, que, a su vez, censura al Gobierno central por no abonar el 50% del coste de la aplicación de la Ley de Dependencia.

El balance de rendición de cuentas y transparencia también mejora, al pasar de 242 entidades cumplidoras en 2022 a 262, si bien en muchos casos los ayuntamientos que no presentan sus balances en tiempo y forma lo hacen a lo largo de los primeros meses de cada ejercicio, pues se arriesgan a que la Xunta congele las aportaciones públicas si persisten en esa actitud.

Sin embargo, Contas también destaca aspectos negativos en la gestión municipal, pues afea la baja capacidad para ejecutar el total del presupuesto. De media, el 35% de fondos no se gastaron durante el año 2023.

En 213 casos, además, detecta deficiencias en los datos de pagos pendientes.

Uno de los apuntes más destacados se refiere a la incapacidad de aprobar los presupuestos en tiempo y forma: el 40% no lo hizo en 2023, año previo a las municipales.