El Gobierno obliga a los concellos a declarar antes de abril las fugas de agua

En 2019 la Xunta aprobó la ley de garantía de abastecimiento en episodios de sequía que establecía la obligación por parte de los concellos de auditar las fugas de agua en sus traídas y fijaba una penalización en el canon a los municipios con pérdidas superiores al 20%. La medida disuasoria se implantó en 2022, concediendo una moratoria a los ayuntamientos para poder identificar las fugas y repararlas. Pero como esta tarea es ingente, la Xunta decidió otorgar un nuevo aplazamiento en la aplicación del recargo, de forma que será del 50% en 2027 y ya del 100% en 2028. Sin embargo, los municipios tienen ahora un imperativo similar con el Gobierno central, pues están obligados a notificar al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) antes del próximo día 31 las fugas de agua en sus redes de abastecimiento, aportando para ello los datos del año 2024.

Esta exigencia está plasmada en un decreto de 2023 —que a su vez recoge una directiva europea—, pero no parece que los ayuntamientos de toda España hayan respondido masivamente, pues el ministerio está organizando jornadas para animar a los municipios y explicarles las acciones que ha implantado para facilitarles las notificaciones.

Por su parte, el Miteco deberá reportar estos datos antes de enero de 2026 a la Comisión Europea que junto con el resto de información reportada por el resto de países de la Unión fijará los umbrales de referencia en enero de 2028. El objetivo es garantizar la disponibilidad de agua mediante una gestión sostenible de los sistemas de abastecimiento y aumentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de un uso responsable del agua.

La Xunta perdona 30 millones por no reparar las fugas de agua municipales

Quienes están obligados a presentar estas declaraciones son los concellos con más de 500 habitantes, que son 4.148 en el conjunto de España. En el caso de Galicia, solo se libran cinco, que son los que no llegan a ese umbral de población: A Teixeira, Beade, Ribeira de Piquín, Negueira de Muñiz y Chandrexa de Queixa.

La notificación que deberán remitir al ministerio no es la misma para todos. Los municipios con menos de 10.000 habitantes tienen que presentar una declaración básica, mientras que los que superen ese nivel tendrán que enviar una más detallada —son 781 los que se encontrarían en esta situación en el conjunto de España—.

En teoría, en enero de 2022 los concellos gallegos tendrían que haber concluido los diagnósticos de sus redes de suministro y las pérdidas de agua, pero el pasado año aún había unos 180 que no lo habían realizado. Esta demora y los problemas para identificar las fugas, así como para ejecutar las reparaciones, fue lo que llevó a la Xunta a ser más flexible con su exigencia legal y relajar los plazos para aplicar la penalización en el canon, como así lo estipuló en la ley de acompañamiento a los presupuestos de este año. Esta medida supone un perdón de 30 millones de euros para los concellos por no atajar las pérdidas de agua en las traídas municipales.

Casi 130 concellos auditan sus tuberías de agua para detectar fugas o infiltraciones

Para la Xunta no hay problema alguno en que el Miteco obligue también por su cuenta a declarar las fugas. «Las dos normativas están totalmente alineadas y buscan optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos y contar con unos servicios de calidad relacionados con la gestión del agua», indica la Consellería de Medio Ambiente.

El Gobierno central enfatiza que las fugas representan una pérdida significativa en la gestión del ciclo integral del agua y estima que en España su volumen oscila entre el 23% y el 24% del total suministrado, «lo que supone un problema crítico en términos de eficiencia y sostenibilidad de los recursos hídricos». En municipios de menos de 20.000 habitantes, las pérdidas pueden superar el 50%, llegando en algunos casos al 61% en Galicia.

Con datos del INE de 2020, el consumo medio de agua en los hogares españoles fue de 133 litros por habitante y día, de los cuales 38 litros diarios corresponden a pérdidas reales en la red, principalmente por roturas y fugas en las infraestructuras.

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