Los retos del TSXG: resolver una sobrecarga que en algunos juzgados supera el 200%

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia afronta una nueva etapa con la elección de su próximo presidente. Los tres aspirantes, Fernando Alañón, Antonio Fraga e Ignacio Picatoste, comparecieron ayer por videoconferencia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo y su proyecto. El sucesor de José María Gómez y Díaz-Castroverde, que ha decidido no optar a la reelección al frente del TSXG, llegará al cargo en un momento clave para la Justicia, con una macrorreforma —la Ley 1/2025 — que dará un giro radical a la actual estructura judicial con la desaparición de los juzgados unipersonales, el refuerzo de los juzgados de paz y la ampliación de los trámites telemáticos.

En el contexto gallego, el nuevo mapa judicial se implantará, tal y como detallaron algunos de los aspirantes a tomar las riendas del TSXG, en un momento con niveles elevados de saturación en algunos juzgados de la comunidad, sobre todo el ámbito civil, donde se llega a superar el nivel de carga de trabajo en más de un 200%, detalló Alañón. Si en el año 2019 se estableció como límite los 600 asuntos por tribunal, en la actualidad, advirtió Picatoste en su comparecencia, hay unidades en Galicia, como algunas audiencias provinciales, que sobrepasan los 2.000. En los juzgados de lo social, la carga de trabajo repuntó un 21%, lo que, defendió Picatoste, hace “necesario” un “plan urgente” para poder reducir esos niveles.

Cada candidato tuvo diez minutos para exponer su trayectoria profesional y propuestas de mejora para su mandato. Durante sus intervenciones, repasaron su experiencia en órganos judiciales, las sentencias relevantes que dictaron, libros que publicaron o cursos que impartieron. Además, analizaron la situación en la que se encuentran los juzgados gallegos y lanzaron propuestas para abordar la reorganización que supondrá la aplicación de la Ley 1/2025 de Justicia.

En esta convocatoria para presidir el Tribunal Superior de Xustiza, el número de candidatos es menor que en la de 2019, en la que compitieron ocho magistrados por el puesto. Alañón y Fraga repiten como aspirantes, lo que refleja su persistencia y ambición de liderar el máximo órgano judicial de Galicia. A partir de ahora, el Poder Judicial inicia el proceso de deliberación, que puede resolverse en días o semanas, dependiendo de la agenda y de otros procedimientos administrativos.

Sobrecarga

El primero en comparecer fue el madrileño Fernando Alañón, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSXG y expresidente de la Audiencia de Ourense, quien, tras hacer un repaso a su trayectoria profesional, alertó de puntos “preocupantes” en la Justicia en Galicia, en especial en el ámbito civil, con órganos con una carga de trabajo que supera el 200%. Abogó por «articular una solución para estas disfunciones» y que, a su juicio, requiere de «un rediseño organizativo de gran profundidad». Además, aprovechó su intervención para instar a la Xunta a dotar al sistema judicial gallego de «medios adecuados para la solución de controversias» por la vía extrajudicial y para que reforme la ley del recurso de casación del Derecho Civil de Galicia, con el objetivo de «evitar su fosilización».

«Primera línea»

En su comparecencia, Antonio Fraga, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña, que fue decano de los juzgados coruñeses, repasó sus «más de 34 años en el orden jurisdiccional civil exclusivo». Fraga se presentó como un perfil más diferente, al reivindicar su trayectoria desde la «primera línea». Sobre el programa de actuación que pondría en marcha en caso de ser elegido, aludió a la nueva organización de los tribunales o al crecimiento exponencial de litigiosidad y los métodos para abordarla, así como las relaciones institucionales.

«Justicia empática»

Por último, Ignacio Picatoste, presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña y quien fue juez decano de los juzgados de Lalín, repasó sus 35 años de ejercicio profesional. Tras detallar los niveles de litigiosidad en los que se encuentran los tribunales gallegos, algo que es común en todo el mapa judicial nacional, advirtió de que para atajar esta sobresaturación se «requiere de un plan de actuación urgente para afrontar y, en la medida de lo posible, paliar, esa situación de sobrecarga». Detalló también su modelo para el funcionamiento de la Sala de Gobierno en el TSXG que, aunque «en la actualidad es adecuado”, considera que «como siempre toda actividad judicial permite márgenes para mejorar» con fórmulas para modernizar el sistema. Apuntó también a propuestas que permitan la conjunción de un sistema presencial para los plenos y de un sistema telemático para las reuniones de comisión, en aras de un trabajo que se lleva a cabo de manera ágil, eficaz y, sobre todo, y es conveniente no olvidarlo, a un coste mucho más reducido. A modo de conclusión, apuntó que el TSXG debe trabajar para atender a los ciudadanos y las víctimas desde un prisma de una “justicia empática, una justicia no hostil”.