Educación fijará un «horario digital» entre los profesores y las familias

La «desconexión digital» llegará también a las aulas gallegas, aunque un año más tarde que al resto de trabajadores y con características propias. Galicia prevé establecer un «horario digital» para evitar que las comunicaciones entre profesores y alumnos y padres se realicen a cualquier hora del día y así evitar que los primeros se sientan abrumados y no logren dividir su jornada laboral de su vida privada. También quiere evitar que se impongan tareas demasiado tarde.

La desconexión digital entró en vigor este año, prohibiendo que los trabajadores reciban mensajes, llamadas o correos electrónicos vinculados a su actividad fuera de su horario laboral para blindar así su derecho al descanso. Algo similar quiere establecer la Xunta en la comunidad educativa en un momento en que las comunicaciones telemáticas son cada vez más habituales.

La Ley de Educación Digital será el marco normativo que establecerá los horarios en que podrán realizarse comunicaciones entre los miembros de la comunidad educativa, un texto impulsado por la Consellería de Educación. El plazo de presentación de propuestas finalizó hace unos días y ahora comienza el período de elaboración de un anteproyecto legislativo que se prevé sea aprobado a finales de año o inicios de 2026, año en que entrará en vigor, según explican fuentes del departamento dirigido por Román Rodríguez.

El pasado febrero, el presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, avanzó que la ley establecerá normas sobre convivencia, grabación de clases o uso de la inteligencia artificial, además de regular los mensajes fuera del colegio entre profesores y alumnos y entre docentes y padres.

La intención pasa por fijar un «horario digital», aunque está por concretar si se aplicará algún bloqueo de la plataforma Abalar para garantizar que no funcione durante la ventana de horas de desconexión u otro sistema. «De la misma manera que existe un horario lectivo físico, pensamos que debe existir también de manera digital. El profesor no puede estar a disposición para resolver dudas u otras cuestiones las 24 horas del día», exponen desde Educación, si bien aclaran que ese punto de vista se aplicará de manera bidireccional, pues también algunas familias reciben mensajes de docentes anunciando alguna tarea a horas intempestivas. «Del mismo modo, tampoco se puede solicitar la elaboración de tareas en cualquier momento. La ley quiere regular estos horarios en beneficio de todos los miembros de la comunidad educativa», añaden estas fuentes.

Y es que el problema de la desconexión digital afecta a ambas partes de la comunidad educativa, aunque en mayor medida a los docentes. «Yo cuando empecé contestaba a todo al momento, por pequeñas que fuesen las dudas, pero te das cuenta de que si das la mano te cogen el brazo. Nos somos profes a todas horas, también tenemos una vida, aunque seamos muy vocacionales», apuntaba el mes pasado a FARO Sofía Fernández, tutora de un instituto de Vilagarcía de Arousa.

Una de las soluciones pasaría por un sistema de bloqueo horario que impidiese la llegada de mensajes de Abalar a los móviles de los docentes a partir de una determinada hora, si bien el problema surge en el caso de quienes disponen de los móviles personales de estos o de sus correos electrónicos, datos que en algunos casos ofrecen ellos mismos para mejorar el contacto con familias y alumnos.

Jornada

Educación deberá elegir ahora qué modelo de «horario digital» fija y si este se ajusta por completo a la jornada lectiva o se amplía a toda la jornada laboral del docente. Los profesores realizan 37,5 horas de trabajo a la semana, de las cuales 23 son lectivas en el caso de infantil y primaria.

Además de establecer ese «horario digital», la normativa pretende regular cuestiones como el «bienestar digital, la privacidad y la protección de datos, el derecho a la identidad digital y a la intimidad y la accesibilidad universal», según avanzó Rueda el pasado 10 de febrero.

El cronograma del Ejecutivo gallego pasa por elaborar el texto a lo largo de este año para iniciar su tramitación y que entre en vigor en 2026.