La Fiscalía solicita la mayor condena a la red de Sito Miñanco por el daño causado a la sociedad

El Ministerio Fiscal defendió ayer en su informe final que la investigación policial que acabó con la incautación de alrededor de 4 toneladas de cocaína que presuntamente trataba de introducir en España la organización del ‘narco’ gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, no fue prospectiva y que las escuchas contaban con autorización judicial y que no hubo alteraciones o manipulaciones de las mismas. En el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional (Madrid) contra los más de 40 acusados de la operación Mito, la Fiscalía destacó las «conductas extremadamente graves para la sociedad» de la red liderada por el ‘narco’ gallego, por lo que son «merecedoras del mayor reproche penal».

En la jornada 23 de la vista, los dos fiscales antidroga expusieron que ha quedado acreditado que la organización de Sito Miñanco, para quien piden 31 años y seis meses de prisión, intentó introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultó más de 11 millones de euros y blanqueó dinero.

También creen que se ha acreditado que Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, intervino en el blanqueo de capitales procedentes de la red de Sito Miñanco, por lo que solicitan para el letrado 9 años y 9 meses de prisión.

Recuperar 900.000 euros

«Gonzalo Boye participó en el diseño de toda una operación jurídica mendaz a través de peticiones engañosas al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para recuperar» casi 900.000 euros incautados en febrero de 2017 en el aeropuerto de Madrid-Barajas que varios miembros de la organización llevaban en varias mochilas para trasladarlos a Colombia, dijo uno de los fiscales. La investigación fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 cuando Sito Miñanco residía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico.

En el transcurso de las pesquisas fue abordado el 2 de octubre de 2017 en alta mar a la altura de Las Azores por las fuerzas de seguridad el buque Thoran en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización había comprado supuestamente a redes colombianas, según mantiene la Fiscalía, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.

Con destino a España

La fiscal señaló que ha quedado demostrado que el buque Thoran cargó la cocaína frente a las costas de Colombia y que su destino era la península ibérica, así como que la droga pertenecía a la red de Sito Miñanco, que tenía previsto recogerla en unas lanchas planeadoras que construyeron en un astillero de Cambados (Pontevedra) para introducirla en España.

Al respecto añadió que aunque Miñanco negara que tuviera relación con estos transportes de droga, en una conversación grabada con los dispositivos instalados en uno de los vehículos de la organización el 5 de octubre de 2017 comentó tras ser abordado el buque Thoran: «Si rompen el barco la encuentran», como así ocurrió cuando los agentes encontraron 165 fardos en un habitáculo bajo la cocina del buque.

Añadió que en otra conversación grabada por la Policía, Sito Miñanco dijo el 21 de octubre que la caída del barco les había causado un perjuicio de un millón de euros y comenzó a planificar nuevas operaciones de grandes cantidades de droga, que fueron frustradas por las detenciones practicadas el 5 de febrero de 2018.

"Pena muy superior"

«Si a un ‘mulero’ sin antecedentes al que se le incautan 750 gramos de cocaína se le impone un mínimo de seis años de prisión una organización como la que juzgamos, con varios antecedentes por los mismos delitos, que trata de introducir cuatro toneladas de cocaína y que comete blanqueo, falsedad, tentativa de homicidio, lesiones y tenencia ilícita de armas, merece una pena muy superior», enfatizó.

La fiscal destacó el «potencial» de esta red cuyos miembros utilizaban hasta 22 vehículos para sus continuos desplazamientos sobre todo entre Andalucía, Madrid y Galicia, donde contaban con auténticos «pisos franco» para sus reuniones, y que usaban muchos móviles encriptados, además de construir en un astillero embarcaciones semirrígidas para llevar a alijos de droga desde alta mar a la costa.