La Xunta contrata a una persona cada tres minutos para cubrir bajas

Un contrato de dos días en un centro social, otro de una semana para el servicio de extinción de incendios, la cobertura durante quince días del puesto de un conserje de baja… Cada tres minutos, los servicios centrales de la Xunta telefonean a una persona apuntada en las listas de contratación temporal para ofrecerles un puesto. Así sucedió durante el año pasado, cuando el número de este tipo de contratos alcanzó los 150.008, tan solo 20.000 por debajo de la cifra total de ciudadanos inscritos en esa bolsa para cubrir bajas y vacantes en la Administración.

El dato evidencia un cambio en la tendencia de la Xunta, incluso a pesar de la nueva legislación que pretende limitar la temporalidad en las administraciones públicas. Esos más de 150.000 contratos suscritos durante el año pasado, suponen el doble que hace dos ejercicios y casi un 30% más que los 116.000 del año 2023, según los datos de la Consellería de Facenda.

Estas llamadas para cubrir bajas se limitan solo a los llamados servicios centrales, que suponen todo el cuerpo laboral de la Xunta salvo el personal docente y de la sanidad, que funcionan con sus propias bolsas de contratación. Por tanto, no solo incluye a trabajadores administrativos, sino también a efectivos del servicio de lucha contra incendios y Política Social.

Este último departamento es el señalado por el sindicato mayoritario en el ámbito público autonómico. Dina Corral, miembro de la CIG, vincula la cifra de contratos con la falta de efectivos y la obligación de cubrir todas las bajas. “La mayoría de estos contratos son de uno o dos días porque hay que cubrir incluso un día libre en servicios como los de Benestar, pero también en personal de colegios que no son docentes, como un conserje o un cocinero del comedor”, explica. “Esto deriva de que existe mucho trabajo precario. No aumentaron las plantillas, sino que en algunos servicios sociales bajaron porque se quitaron los refuerzos de la época del COVID. Se trabaja en mínimos y hay que cubrir incluso un día de asuntos propios porque, si no sehace , no puede prestar el servicio”, sostiene.

A ello se unen dos circunstancias. Por un lado, la reforma legal de 2022 sobre la cobertura de plazas vacantes mediante interinos, vía empleada hasta entonces y vetada ahora, por lo que se obliga a la Administración a recurrir a contratos temporales al no poder contar con tantos interinos. Por otro, Política Social y los sindicatos firmaron un acuerdo para establecer mejoras horarias que se aplicaron ya el año pasado y que situaron la jornada semanal en la práctica en las 35 horas al compensar los turnos nocturnos. «Eso significa que hay que cubrir todas las ausencias», añade Corral.

La reforma laboral de 2022 puso coto a la temporalidad, pero el sector público mantiene una resistencia a reducirla. Cuatro de cada diez trabajadores temporales en Galicia trabajan en el sector público, que con un 31% triplica la tasa de temporalidad del ámbito privado.

Aun así, la Xunta siempre ha defendido la idoneidad de las bolsas de contratación temporal porque permiten que la Administración reaccione a los imprevistos de bajas de su personal con la agilidad suficiente para que la prestación de servicios no sea vea afectada.