Los frutos del plan gallego para sacar al mercado pisos vacíos: 66 alquilados y 43 en oferta

El objetivo de Vivenda cuando arrancó el programa era movilizar 300 inmuebles

Aún quedan 43 viviendas disponibles a un precio tope de 600 euros

Edificio donde se alquila un piso en el Concello de Ferrol. |  FdV

Edificio donde se alquila un piso en el Concello de Ferrol. | FdV

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

Cada vez resulta más difícil para muchos gallegos acceder a una vivienda. Sin embargo, en la comunidad autónoma se contabilizan hasta medio millón de inmuebles vacíos. Pero sacarlos al mercado no es fácil. La Xunta lo intentó ya en 2016 con un programa con el que pretendía movilizar 600 pisos y que resultó un fracaso —solo logró poner en alquiler 25—. Años después lo reformó y decidió contar no solo con los concellos sino también con la colaboración de las inmobiliarias. Se puso en marcha a principios de 2023 y desde entonces consiguió que 110 viviendas desocupadas colgaran el cartel de «se alquila».

Son solo un mínimo porcentaje del total de inmuebles vacíos que hay en Galicia, pero cuando la Xunta lanzó el programa, consciente de la dificultad de movilizar este tipo de viviendas, se fijó un objetivo prudente: sacar al mercado 300 pisos desocupados.

Dos años después ha puesto en alquiler un tercio de las viviendas que había comprometido. Son inmuebles que se comercializan con unos precios límite que oscilan entre los 400 y los 600 euros dependiendo de la zona.

Y hasta la fecha ha conseguido alquilar el 60 por ciento de estos pisos, pero aún tiene en oferta 43 viviendas. El problema es que donde se concentra la mayor demanda es en las urbes y ahí apenas hay inmuebles disponibles.

Inmobiliarias

El programa de movilización de viviendas para el alquiler tiene dos modalidades. Por un lado, hay una línea que se gestiona con los agentes de la propiedad inmobiliaria: participan en torno a una veintena de entidades.

Por esta vía se han sacado al mercado 53 viviendas vacías, de las cuales 31 ya están alquiladas. De las 22 que quedan, la mayoría se encuentran en concellos pequeños. En la provincia de Pontevedra, de hecho, solo se alquilan tres pisos. Uno de ellos está situado en Vigo, con dos habitaciones y 64 metros cuadrados. Tiene un precio de 600 euros. Los otros dos inmuebles se ofertan en A Estrada y Pontecaldelas.

A Coruña es la provincia donde hay más oferta: 13 viviendas, pero ninguna en la ciudad herculina ni en Santiago. Solo hay cinco en Ferrol, dos en Narón, otros dos en Betanzos y uno en Tordoia, Carballo, Vilasantar y Cambre.

En la ciudad de Lugo hay otro piso disponible, al que se suman dos en Becerreá, uno en O Valadouro y otro en Baralla. Mientras, en Ourense solo se oferta una vivienda en la capital de provincia.

Para acceder a uno de estos alquileres los requisitos de renta son amplios: no se pueden superar los 37.800 euros anuales (el umbral está en 4,5 veces el IPREM). Además se les exige a los arrendatarios estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Xunta.

Concellos

Además de esta línea que se gestiona con ayuda de las inmobiliarias, la Xunta tiene otra en colaboración con los concellos. Por esta modalidad se han movilizado 47 inmuebles desocupados, de los cuales hay 36 ya alquilados y otros 21 pendientes de adjudicar.

En este caso, las viviendas están dirigidas a familias con pocos recursos cuyas rentas no superen 1,5 veces el IPREM: los 12.600 euros anuales.

En todo caso, lo que tienen en común ambas líneas es que la Xunta intenta convencer a los propietarios de los inmuebles vacíos para que los saquen al mercado dándoles una serie de garantías. Así, se ofrece a las personas arrendadoras un seguro que cubra el abono de las rentas no pagadas, así como un seguro para la reparación de los daños que se registren en las viviendas durante el alquiler, siempre y cuando no sean consecuencia de su deterioro por uso o del paso del tiempo. También se les garantiza asistencia jurídica durante el tiempo de duración del contrato.

Las personas arrendadoras podrán retirar en cualquier momento anterior a la formalización del contrato de alquiler sus viviendas del programa de la Xunta, a excepción de que hayan recibido alguna subvención del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

En 2016 la Xunta puso en marcha además un Censo de Viviendas Vacías y obligó a los bancos y sus sociedades inmobiliarias a inscribir en este registro los inmuebles de su titularidad que estuvieran en desuso. El objetivo de la Xunta era disponer de una radiografía del parque de pisos desocupados en la comunidad. La Consellería de Vivenda informa que no impuso ninguna multa a las entidades bancarias por incumplir con esta obligación, pero sí se le hicieron requerimientos que, según explican, fueron atendidos.

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