Hacienda retira la despoblación como criterio de la financiación autonómica

En su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica enviada a las comunidades autónomas en diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda incluía como uno de los factores a tener en cuenta para calcular el reparto de fondos la despoblación, entendida como tal una baja densidad por kilómetro cuadrado. Pero ahora, en el documento reenviado de nuevo a las comunidades que servirá de base para iniciar las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 26, se ha retirado la despoblación como criterio. El Ministerio de Hacienda argumenta que se ha hecho así porque la mayoría de las comunidades, en el periodo de alegaciones, se pronunció a favor de descartar esta variable correctora, Galicia entre ellas.

La Consellería de Facenda explicó ayer que tal como estaba planteado ese criterio, no era lo adecuado para la comunidad gallega, "ya que medía la densidad poblacional y la superficie despoblada en vez de tener en cuenta la pérdida real de población", que era al parámetro que podría interesar a Galicia.

Prioridades

Para el Gobierno gallego, lo prioritario son las variables de dispersión —número de entidades habitadas— y el envejecimiento, porque "son los dos factores que más afectan al coste de los servicios públicos que Galicia tiene que prestar con fondos de la financiación autonómica", mientras que con el parámetro de la despoblación, la comunidad no recibiría fondos "tal como se definía".

Sin embargo, en la llamada ‘Declaración de Santiago’ que firmaron en noviembre de 2021 ocho comunidades autónomas (Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Asturias), todas ellas reclamaron que el nuevo modelo de financiación recogiera la despoblación como criterio corrector para compensar a los territorios con mayores problemas demográficos. La Xunta, como anfitrión de ese encuentro, firmó esa reivindicación, cuyo contenido se repitió en otras declaraciones similares con los mismos actores políticos.

Ante esta circunstancia, la Consellería de Facenda explicó ayer los motivos que llevaron a secundar esa reclamación: "Cuando se firmó la Declaración de Santiago se incluyó el criterio de la despoblación porque interesaba a comunidades autónomas que estaban presentes y a Galicia le pareció oportuno".

Aragón levanta la voz

Quien dio la voz de alerta de que la despoblación como tal desaparecía de la propuesta de financiación fue el Gobierno de Aragón, del PP, que denunció que junto con la eliminación también de la orografía como factor corrector supondría la pérdida para su comunidad de 422 millones de euros anuales en comparación con el modelo redactado en 2021. No obstante, su presidente, Jorge Azcón, echó la culpa al Ministerio de Hacienda, haciendo caso omiso a que esa decisión respondía a la petición mayoritaria de las autonomías, entre ellas las de su mismo partido.

El Ministerio de Hacienda enfatizó que se ha limitado a reflejar la postura mayoritaria de las comunidades en un informe preparatorio de la reunión que el día 12 celebrará el Comité Técnico Permanente de Evaluación para luego acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Fue el Ministerio quien propuso a las comunidades que opinaran sobre la introducción de una variable específica de despoblación para calcular la población ajustada, pero la gran mayoría no compartió establecer esta variable correctora", sostiene.

Oposición mayoritaria

En un informe específico que elaboró el Ejecutivo aragonés con las alegaciones enviadas por las comunidades a la propuesta de Hacienda, se precisan las autonomías que se opusieron al factor de la despoblación. "Todas son partidarias de descartar esa variable", se recoge en el documento, con las excepciones de Aragón, Cantabria y Casilla y León que sí pidieron mantener ese elemento como indicador para la asignación de fondos. Cantabria fue la única que no se pronunció al respecto.

Fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que su presidente, Jorge Azcón, defenderá este criterio independientemente de la postura que adopte la dirección nacional del PP, puesto que ya se habló del tema en la reunión que los barones regionales mantuvieron en Madrid con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para consensuar una postura. “El sueldo me lo pagan los aragoneses”, dejó claro Azcón, que confía en que Feijóo mantenga el criterio que le llevó a firmar en 2021 la ‘Declaración de Santiago’.

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