Los delincuentes sexuales no podrán trabajar en residencias
El Gobierno plantea una reforma para ampliar la exigencia a quienes tengan contrato en el ámbito infantil, aplicada en 2015

Un trabajador de una residencia con una usuaria.
La exigencia de carecer de antecedentes penales vinculados a delitos sexuales se extenderá de los trabajos relacionados con la infancia a los vinculados con los dependientes y con las personas con algún tipo de discapacidad. Cualquier persona que quiera lograr un puesto en una residencia, centro de día o similar, sea en el ámbito privado o público, deberá presentar un certificado que garantice la ausencia de un pasado delictivo en este ámbito.
Así consta en el anteproyecto de ley que reformará las leyes de dependencia y discapacidad, según avanzó Europa Press. El texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030,está listo para ser remitido a las cortes, según aseguró el mes pasado el ministro Pablo Bustinduy.
El texto amplía al ámbito de los cuidados un cambio normativo impuesto en 2015 en todo lo relacionado con la infancia. Entonces, el Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, impulsó un cambio legal para obligar a demostrar la ausencia de antecedentes penales vinculados delitos sexuales a quienes trabajasen con niños, tanto impartiendo clases, como al personal de limpieza de los centros educativos o a los conductores de autobús. Desde entonces, más de 50.000 personas habían solicitado un documento para demostrar la limpieza de su historial y así poder acceder a algún tipo de empleo de ese tipo o participar en oposiciones.
Ahora, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar plantea extender la medida. «Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad y/o en situación de dependencia no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales», reza el anteproyecto, según avanzó Europa Press.
Para vigilar el cumplimiento de esta norma, las comunidades autónomas deberá fijar «sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación o limitación de derechos», publicando los resultados de las inspecciones.
Las comunidades también deberán garantizar la atención sanitaria de las personas dependientes «en igualdad de condiciones» y la reforma legal otorga rango de ley a un decreto que a mediados de 2023 estableció la teleasistencia como un servicio complementario del resto de prestaciones, es decir, obligatorio para toda persona con algún grado de dependencia reconocido, salvo que esté ingresada en una residencia.
- La segunda salida de tono del conselleiro de Sanidade: cuestiona la importancia que se le da a la salud
- La Xunta teme que la FP se devalúe al facilitar el acceso y no permitirá que sea «un coladero»
- El tirón del empleo público: 18.300 gallegos más en las listas en un año
- El profesorado también urge la desconexión digital: mensajes sí, pero con límites
- Un asiento incómodo para el conocimiento
- La falta de fondos para la ayuda a domicilio reduce en 2.000 los beneficiarios en dos años
- «La caza no es la solución al jabalí; se pueden usar repelentes o esterilizar»
- La DGT utilizará nuevas tecnologías para controlar los jabalís en las carreteras