Ferraz estudia ya la expulsión de los ediles díscolos de Santiago
La ejecutiva provincial sostiene que los trámites serán rápidos al usarse la misma vía empleada para el exministro Ábalos

Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez. | Antonio Hernández
Natalia Sequeiro
El PSOE ha activado la misma vía que se utilizó con el exministro José Luis Ábalos para expulsar del partido a los cuatro concejales díscolos de Santiago. El secretario provincial, Bernardo Fernández, asegura que Ferraz —la dirección federal— ya estudia la negativa de Gonzalo Muíños a abandonar la portavocía del grupo municipal tras ser suspendido en el cargo por «indisciplinas reiteradas». También las concejalas Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez podrían ser apartadas del PSOE por no acatar la orden de nombrar a Sindo Guinarte como su sustituto al frente del grupo municipal y al hombre que ha elegido la ejecutiva gallega como relevo.
«Los trámites para la expulsión definitiva serán muy rápidos», explica fuentes de la ejecutiva provincial, ya que el proceso no es el mismo que se siguió con el primer expediente disciplinario a Muíños y que se resolvió el pasado viernes con la suspensión temporal de militancia y cargo público durante 18 meses. La decisión no hizo más que avivar la crisis interna en la que están inmersos los socialistas compostelanos.
El portavoz municipal compareció el lunes a las 12.30 junto a las tres concejalas para tratar de desmentir uno a uno los incumplimientos que Ferraz considera probados. Anunció que va a recurrir la decisión al Comité de Ética y Garantías y entretanto seguirá en el cargo. También denunció presiones para que los ediles dejasen sus actas y que el secretario xeral del PSOE en Compostela, Aitor Bouza, pudiese entrar en el grupo municipal.
Una hora más tarde las tres ediles no acudieron a la reunión del grupo convocada por la dirección del partido para designar a Sindo Guinarte como nuevo portavoz municipal. Este nombramiento tan solo cuenta con el apoyo de Marta Abal, que había concurrido a las elecciones como independiente, pero hace poco formalizó su militancia. Ambos piden ahora diálogo con la dirección del partido, pese a que también se les había abierto expediente por incumplir la disciplina de voto en el pleno sobre las VUT.
La intención de Muíños era la de permanecer en el grupo socialista mientras la resolución a su expediente no fuese definitiva. De pasarse al grupo mixto, si su apelación ante la Comisión de Ética fuese fructífera ya no podría regresar a él. Si Ferraz opta por expulsar a los cuatro concejales de manera definitiva e inmediata, el PSOE se quedará sólo con dos ediles en la corporación municipal.
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sigue a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Por el momento, en el Ayuntamiento de forma oficial solo han recibido una comunicación del PSOE informando la suspensión temporal de militancia de Muíños.
Sanmartín ha pedido un informe jurídico al secretario municipal del Ayuntamiento para determinar qué implicaciones tiene esta decisión en el Concello y en el que también se «harán referencias a la portavocía» socialista, indican fuentes de la Alcaldía. El secretario tiene un plazo máximo de diez días para entregarlo, pero se espera que lo termine antes. El documento debería de aclarar si Muíños puede seguir como miembro del grupo municipal, pese a la suspensión temporal de militancia.
Presiones
El secretario provincial del PSOE, Bernardo Fernández, niega que hayan existido presiones internas para obligar a alguno de los concejales socialistas a dejar su acta y que de ese modo pudiese entrar el secretario local, Aitor Bouza. En una entrevista en la Ser aseguró que el propio Muíños comentó que, «hasta en cuatro ocasiones», había ofrecido dimisiones de compañeros después de la debacle electoral de mayo de 2023 para iniciar el proceso de renovación.
Pero Gonzalo Muíños le dio la réplica. «Al decir eso, el señor Fernández confirma que esas presiones existieron. Y es que la petición de dimisión partió siempre desde la dirección local y la provincial, que eran los que me exigían el acta de alguna compañera», afirmó.
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